Entre los beneficiarios de la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado en el extranjero con Carles Puigdemont, un político huido y reclamado por la Justicia española, puede encontrarse Gonzalo Boye Tuset, abogado del propio Puigdemont y de otros individuos tan poco recomendables como el narco Sito Miñanco; Rodrigo Lanza, un gamberro de ultraizquierda que dejó en estado vegetativo a un policía catalán; y el etarra Josu Ternera.
Boye (nacido en Viña del Mar en 1965) no se ha distinguido por ganar en los tribunales españoles y del resto de la Unión Europea pleitos a favor de Puigdemont, aunque sus minutas deben de ser descomunales. Si al final consigue la absolución de su cliente principal y el regreso de éste a España convertido en un estadista no será por sus alegatos, sino por la aritmética electoral y por la falta de patriotismo de los socialistas.
Entre las humillaciones que Sánchez y el PSOE están infligiendo a los españoles no es menor la de que uno de los negociadores de la amnistía sea Boye, un condenado por colaborar con ETA en un secuestro. Todos los enemigos de España actúan juntos y se dan dinero unos a otros, mientras los defensores de la nación y la libertad tienen que sufrir sabotajes por parte del Estado, aguantar desprecios de la prensa de kalidá y hasta correr con los gastos de sus esfuerzos.
Del MIR chileno a ETA
El 23 de febrero de 1988 fue secuestrado en Madrid el empresario soriano Emiliano Revilla, que permaneció 249 días en un zulo. La capucha y la pistola se la pusieron unos etarras, pero la información sobre sus hábitos y su seguridad la recopilaron otros. ¿Otros terroristas?, ¿delincuentes comunes? No. Fue un grupo de terroristas chilenos que había huido de su país. Su militancia era en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y habían tenido que huir de su país después del golpe de Estado militar.
En los años 60 y 70 del siglo XX, Chile fue un laboratorio para la izquierda europea y americana. Cristianos por el Socialismo, un caballo de Troya dentro de la Iglesia católica, nació en Chile por obra del sacerdote Gonzalo Arroyo. En ese país también se ensayaron la recuperación de los frentes populares (la unión electoral de toda la izquierda) después de la Segunda Guerra Mundial.
Allí se elaboró la Vía Chilena al Socialismo, que se propuso como una manera pacífica de tomar el gobierno, para diferenciarse de la vía cubana, violenta. Consistía en el acceso al poder político mediante la construcción previa de un bloque hegemónico social y cultural.
Y a fin de conseguir una mayoría política, los elementos intelectuales y sindicales se enfrascaron en la captación de los elementos más escorados a la izquierda de la democracia-cristiana (Chile fue la primera república hispanoamericana donde se eligió un presidente de esta ideología: Eduardo Frei, en 1964). Por esa razón, Chile fue también uno de los primeros países donde aparecieron los progresistas, es decir, los católicos que, animados por el Concilio Vaticano II, se acercaban a las hordas marxistas para buscar puntos de unión y metas comunes contra el capitalismo y la derecha.
La insurrección popular armada
Pero no toda la izquierda estaba a favor de la Vía Chilena al Socialismo, siquiera de boquilla. Entre los grupos políticos que admitían el recurso al terrorismo para instaurar la sociedad sin clases estaba el MIR, fundado en 1965. En su Declaración de Principios (agosto de 1965) sostenía:
«El Movimiento de Izquierda Revolucionaria rechaza la teoría de la vía pacífica, porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable. (…) Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada».
Con la vista puesta en las elecciones de 1970 y con tal de convertir a su candidato, Salvador Allende, por fin en presidente (se había presentado en las tres elecciones anteriores y fue derrotado), el Partido Socialista se moderó. El MIR, que no renunció a sus objetivos insurrecionales, se unió a la coalición Unidad Popular.
Entre 1970 y 1973, los terroristas del MIR asesinaron al menos a seis carabineros, a varios de ellos para robarles sus armas reglamentarias, pese a lo cual, Allende trataba con sus dirigentes, integró a varios de sus pistoleros en su guardia personal y les permitió influir en su línea política, como reconoció Carlos Ominami, exmirista y luego ministro después de la dictadura del general Pinochet.
A sueldo de otros camaradas revolucionarios
Después del golpe de Estado de 1973, el MIR cometió más atentados, que mataron no sólo a uniformados. Entre 1974 y 1975, la DINA, la policía política de la Junta, aplastó al grupo. Los jefes y militantes que pudieron huir de Chile se ofrecieron a diversas organizaciones terroristas de camaradas socialistas de las Américas y de Europa para ayudarles a realizar secuestros. Mientras, seguían captando nuevos miembros dentro y fuera de Chile.
El contacto con ETA parece que ocurrió en 1978 y el trato era muy sencillo, tal como cuenta el periodista navarro Florencio Domínguez (Las conexiones de ETA en América). El MIR dedicaría a sus militantes, no fichados por la Policía, a obtener datos sobre diversos objetivos y disponer la infraestructura; y ETA realizaría los secuestros; uno recibiría publicidad y otro dinero.
El golpe etarra más espectacular realizado con la complicidad de los chilenos fue el secuestro de Revilla, que reportó a los etarras entre 6 y 7,2 millones de euros, aunque se sospecha, señala Domínguez, que los miristas también recogieron información sobre Diego Prado y Colón de Carvajal, víctima de secuestro de ETA en 1983. Cuando la Policía española detuvo en 1992 a varios chilenos del MIR, les atribuyó participación en secuestros cometidos por ETA en Madrid en los diez años anteriores.
La Audiencia Nacional condenó a los miristas Alexis Alberto Corvalán Muñoz, René Miguel Valenzuela Béjar y Gonzalo Boye Tuset a 14 años y ocho meses de cárcel a cada uno por detención ilegal con el agravante de haberse realizado para una banda terrorista. Boye cumplió sólo seis años por sus estudios de la carrera de Derecho en prisión.
La asociación entre el MIR y ETA se disolvió debido a la tacañería de los etarras. De los 1.000-1.200 millones de pesetas entregados por la familia Revilla a los etarras, éstos sólo pagaron a sus socios unos 80 millones. Los chilenos suspendieron los trabajos en preparación, uno de cuyos blancos era Alicia Koplowitz.
Nacionalidad española a un terrorista
A este individuo, colaborador de una banda terrorista de extrema izquierda y que se niega a admitir su delito, el Estado español le colmó de beneficios.
Aunque su pena de cárcel fue superior a 14 años, Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado sin haber cumplido ni la mitad. El Estado le permitió estudiar Derecho y colegiarse como abogado. No le exigió la indemnización que debía abonar a su víctima, que tuvo que reclamarla judicialmente en 2018. Y también le concedió la nacionalidad española, en vez de expulsarle a Chile.
En esta rehabilitación de un delincuente y enemigo de España colaboró el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Éste no sólo aceptó como abogado a Boye, a pesar de sus antecedentes penales, sino que le contrató durante varios años para dar clases de derecho penal procesal y en ese chantaje que constituye el máster de acceso a la profesión.
Uno de los escasos generales argentinos que se opuso a la última junta militar (1976-1983), se escandalizaba por el hecho de que los oficiales que participaban en operativos contra los terroristas montoneros y similares se cruzaran enmascarados con cadetes y jóvenes oficiales en cuarteles. «¿Qué ejemplo se les estaba dando a éstos», se preguntaba. Lo mismo se puede aplicar a las lecciones de Boye en el Colegio de Madrid: ¿Cómo un secuestrador y colaborador con terroristas podía explicar a sus alumnos detalles sobre el habeas corpus?
También ha montado empresas y ha participado en otras. Por ejemplo, fue secretario del consejo de administración de la editorial del periódico ElDiario.es.
En el juicio por los atentados del 11M, en los que fueron asesinadas casi 200 personas en Madrid para provocar un vuelco electoral, Boye representó a la viuda de una de las víctimas. Entonces un redactor del diario El País dio pábulo a la excusa del abogado chileno de que fue condenado injustamente; en cambio, el mismo redactor le reprochó a otro abogado que lleve en su reloj de muñeca el símbolo falangista del yugo y las flechas.
Por fortuna, la sentencia de condena a Gonzalo Boye está en los anuarios de jurisprudencia y no le alcanza la inminente amnistía. Para siempre será un colaborador de ETA y, encima, por dinero.
