La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que considera prematuro investigar al PSOE como persona jurídica en la causa conocida como las cloacas de Ferraz. Aunque aprecia posibles indicios de tráfico de influencias y cohecho, el Ministerio Público solicita que se completen varias diligencias antes de resolver sobre la responsabilidad penal del partido.
Entre las actuaciones pendientes figuran las declaraciones como investigados de Santos Cerdán y Leire Díez, señalados en el procedimiento por su presunta participación en las maniobras investigadas. Las fiscales consideran necesario escuchar sus versiones antes de valorar si existen elementos suficientes para extender la investigación a la organización política.
El pronunciamiento responde a una solicitud para que el PSOE sea imputado. La posición de Anticorrupción no supone descartar esa posibilidad: su objeción se refiere al momento procesal en el que se ha planteado. Según fuentes fiscales citadas en la información, el Ministerio Público reconoce la existencia de indicios, pero entiende que todavía deben practicarse diligencias relevantes.
La instrucción adquirió especial repercusión el pasado mayo, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. Las pesquisas examinan, entre otras actuaciones, las presuntas iniciativas para obtener información comprometedora sobre investigadores y miembros del ámbito judicial.
Cerdán abandonó la Secretaría de Organización socialista en junio de 2025, después de conocerse un informe de la UCO que lo relacionaba con una supuesta trama de comisiones. Díez, por su parte, quedó bajo el foco público ese mismo año tras difundirse grabaciones sobre sus presuntas gestiones para recabar información contra mandos de la Guardia Civil y otros actores judiciales.
La decisión corresponde ahora a Santiago Pedraz, que deberá pronunciarse sobre la petición del PP y las alegaciones de la Fiscalía. El criterio del Ministerio Público no vincula al instructor, que puede acordar la investigación del partido, rechazarla o posponer su resolución hasta disponer del resultado de las diligencias pendientes.
