La aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano, ha quedado en el centro de una investigación por presunto blanqueo de capitales que apunta directamente al uso del rescate público aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de esos fondos estatales se emplearon para devolver préstamos procedentes de una organización criminal vinculada a Venezuela, lo que ha motivado registros policiales y detenciones en la cúpula de la compañía.

La Policía Nacional registró este martes las instalaciones de la aerolínea y detuvo al presidente Julio Martínez y al consejero delegado Roberto Roselli, en el marco de unas diligencias declaradas secretas. La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, investiga operaciones financieras realizadas tras el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021.

Según las pesquisas, la aerolínea solicitó entre 2020 y 2021 préstamos por valor de 1,3 millones de euros a sociedades off shore radicadas en Reino Unido y Suiza, vinculadas a una estructura que Anticorrupción define como organización criminal. Esos créditos, de acuerdo con la Fiscalía, fueron posteriormente amortizados con cargo al dinero público recibido del Estado.

En concreto, Plus Ultra firmó el 28 de octubre de 2020 un préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido. Un mes después, el 20 de noviembre, rubricó otro por 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza. El tercer contrato llegó el 29 de enero de 2021, por 450.000 euros, con Valerian Corporation. Todas estas sociedades estarían vinculadas al financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y señalado como presunto cabecilla del entramado.

Desde la aerolínea, el presidente Julio Martínez ha defendido que aquellas operaciones respondían a la falta de liquidez durante la pandemia y al retraso en la llegada del rescate estatal. En Plus Ultra sostienen además que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que gestionó la ayuda, no prohibió utilizar los fondos públicos para amortizar esos préstamos, pese a sus elevados intereses.

Anticorrupción discrepa de forma frontal. Para el Ministerio Público, esa devolución constituye un mecanismo de blanqueo de capitales. Un portavoz oficial de la SEPI ha evitado aclarar si autorizó ese uso del dinero, al amparo de la confidencialidad que, según afirma, rige las ayudas públicas.

La investigación va más allá de los préstamos. Los investigadores analizan la posible entrada de dinero ilícito procedente de cargos públicos venezolanos, operaciones de venta de oro por valor de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos y transferencias a cuentas en Panamá vinculadas a personas con antecedentes policiales.

El juzgado ha ordenado el volcado de dispositivos informáticos y el registro de los domicilios de los principales directivos. Se trata del mismo órgano judicial que archivó en su día la primera investigación sobre el rescate por un error procesal, causa que ha sido reabierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

El departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón ya presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, rechazada en noviembre de 2024 por una cuestión de competencia. En ese escrito, Anticorrupción advertía de actividades de blanqueo cometidas en España a partir de delitos previos presuntamente cometidos en Venezuela, como sobornos y malversación, y señalaba de forma expresa el uso de ayudas públicas españolas para lavar fondos de origen ilícito.

La trama, según esa denuncia, operaría en Francia, Suiza y España, estaría integrada por personas extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español, y manejaría fondos procedentes de programas públicos venezolanos como los C.L.A.P. y de ventas de oro del Banco de Venezuela.

La reapertura de la causa se produjo tras recibir información remitida por Francia y Suiza en el marco de la cooperación judicial internacional. En el plano político, el ex ministro José Luis Ábalos vinculó en su día el rescate aprobado en 2021 con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una relación que este último ha negado de forma expresa.