Casi cuatro meses han pasado desde que VOX entró en el nuevo Gobierno de coalición con el PP en Castilla y León, y la región ha impulsado múltiples bajadas de impuestos y ayudas a sectores golpeados por la actual inflación y la crisis económica (la industria, los autónomos, los ganaderos…) y medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar, la contratación de parados en riesgo de exclusión, etc.
Castilla y León logró crear más empresas durante el mes de junio que la media nacional y se colocó como segunda comunidad donde más se incrementó su número con respecto al mismo mes de 2021. Creó 268 nuevas sociedades mercantiles más que hace un año.
Y el mes de julio se cerró con el mejor dato de descenso del paro en la región de la serie histórica, según ha recordado VOX en un comunicado. En concreto, 31.000 personas abandonaron el paro y todos los sectores terminaron el mes con menos parados que el mismo mes el año anterior.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de VOX, ha propuesto una gran rebaja fiscal para la industria que conlleva un ahorro para las empresas de hasta 12.000 euros. La acreditación de formación para trabajadores pasarán a ser gratuitas. Además, ha incentivado el establecimiento de 300 autónomos titulados con 3 millones de euros. Y destinará 9 millones de euros a sufragar los gastos de autónomos y empresas de la región afectados por el confinamiento energético del Gobierno de Pedro Sánchez.
Asimismo, ha conseguido garantizar el abastecimiento del ganado en Castilla y León destinando 3,5 millones de euros. «El agua es un bien nacional accesible a todos los españoles con independencia del lugar donde trabajen o residan», señala VOX, antes de agregar que «hay alternativa al abandono al campo».
Y ha aprobado una batería de medidas contratar parados en riesgo de exclusión. Así, ha puesto en marcha una ayuda que incentiva la contratación de personas desempleadas para sustituir a trabajadores por cuenta ajena que disfrutan de determinados derechos legalmente establecidos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, y que, por ello, dejan de prestar temporalmente sus servicios o reducen parcialmente su jornada para el cuidado de hijos o familiares.
El importe de la ayuda es de 1.000 euros por cada contrato a jornada completa, que se incrementa con 500 euros en personas de 55 o más años o personas con discapacidad igual o superior al 33%, entre otros. Se establece una cuantía adicional de otros 500 euros si la contratación se lleva a cabo en un municipio de menos de 5.000 habitantes.
