El PSOE pretendía destruir al magistrado Manuel Marchena mediante una estrategia interna de descrédito y manipulación mediática. Según documentación adelantada por El Confidencial, desde las oficinas de Ferraz se habrían diseñado informes falsos con el objetivo de presentar al expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como un juez parcial y vinculado a redes policiales corruptas. En dichos documentos se le atribuía una supuesta relación con el excomisario José Manuel Villarejo, sin que existiera ninguna prueba que lo sustentara.

La operación se fraguó entre la primavera y el verano de 2024, justo después de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fuese imputada por sus actividades empresariales privadas. Los dosieres fueron elaborados por la asesora de Santos Cerdán, Leire Díez Castro, junto al empresario Javier Pérez Dolset y varios periodistas afines al entorno socialista. Las propiedades de los archivos digitales señalan que el material fue compilado con el propósito de minar la credibilidad del magistrado, coincidiendo con el momento en que Marchena formaba parte del tribunal que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar un correo privado del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El contenido de los informes, lejos de aportar evidencias, se basaba en rumores y en grabaciones antiguas de Villarejo en las que este mencionaba el nombre de Marchena para darse importancia ante terceros. También se incluían especulaciones ya difundidas en el pasado por medios afines al Gobierno, como El Plural, Público, Diario Red o ElNacional.cat. En esas notas se insinuaba, además, que el magistrado habría mantenido contactos con el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, y con el fundador de Legálitas, Alfonso Carrascosa, tratando de presentar esas relaciones como influencias indebidas sobre sus resoluciones judiciales.

El material fue hallado en una memoria USB que Leire Díez entregó personalmente en la sede del PSOE el 3 de junio, cuando solicitó su baja del partido. Ese mismo día fue recibida por Santos Cerdán, quien supuestamente dirigía la trama interna. Posteriormente, la dirección socialista aseguró haber remitido el contenido del pendrive a la Fiscalía.

Las maniobras contra Marchena formaban parte de un plan más amplio. Durante más de un año, el equipo de Cerdán habría recopilado información sobre jueces, fiscales, mandos policiales, empresarios y periodistas considerados incómodos para el Ejecutivo, con el objetivo de lanzar campañas de desprestigio público y presentarlos como partícipes de conspiraciones judiciales o mediáticas.

Buena parte de ese material se utilizó en abril de 2024, durante los cinco días en que Pedro Sánchez interrumpió su agenda para «reflexionar» tras la imputación de su esposa. En ese periodo, varias de las filtraciones elaboradas desde Ferraz fueron difundidas simultáneamente por diferentes medios, lo que permitió al PSOE construir la narrativa de que la causa judicial contra Begoña Gómez respondía a una operación política.

Tanto Leire Díez como Javier Pérez Dolset se encuentran imputados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, acusados de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Deberán declarar el próximo 17 de noviembre, después de que dos fiscales los señalaran por intentar sobornarles a cambio de información sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Marchena, convertido de nuevo en blanco político por su papel en el juicio del procés de 2019, ha optado por mantener silencio público, mientras la polémica vuelve a poner de relieve la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo.