David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo junto a otros diez procesados por la presunta adjudicación irregular de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz. El juicio oral del llamado «caso del hermanísimo» arranca dos años después del inicio de la investigación dirigida por la jueza Beatriz Biedma y vuelve a colocar al entorno del jefe del Ejecutivo bajo presión judicial.

Las acusaciones sostienen que la plaza creada en 2017 para David Sánchez fue diseñada expresamente para él cuando se encontraba en paro, residía en San Petersburgo y no tenía vinculación previa con Extremadura. Por estos hechos, solicitan tres años de prisión, doce de inhabilitación y la devolución de los salarios cobrados de la Diputación de Badajoz más intereses.

En el procedimiento también está procesado el exlíder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, considerado una de las piezas centrales de la supuesta trama. Las acusaciones le atribuyen un papel clave en la contratación y reclaman igualmente penas de prisión y multas vinculadas al beneficio obtenido por David Sánchez y por Luis Carrero, exasesor de Moncloa que terminó trabajando como ayudante del músico en la institución provincial.

La causa ha estado rodeada de una fuerte tensión política y judicial desde su inicio. Durante la instrucción, la jueza Beatriz Biedma recibió ataques públicos y presiones que llevaron a todas las asociaciones judiciales a respaldarla públicamente. Además, la investigación sobre la llamada «fontanera del PSOE«, Leire Díez, incorporó conversaciones intervenidas en las que se hablaba abiertamente de «destruir el procedimiento» mediante denuncias contra la magistrada y campañas en redes sociales.

El auto del juez Santiago Pedraz confirmó además contactos de Leire Díez con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, y con Joaquín Parra, empresario investigado por fraude de hidrocarburos. Según las resoluciones judiciales, el objetivo era desacreditar la investigación del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno.

El juicio contará con 42 testigos, nueve acusaciones populares y seis sesiones previstas en la Audiencia de Badajoz. Entre los testimonios más relevantes figura el de Cristina Frutos, directora de orquesta y aspirante a la plaza, que declaró ante la jueza que la entrevista del proceso selectivo apenas existió y que el puesto «estaba dado de antemano» a David Sánchez.

También declaró Yolanda Sánchez, directora de un conservatorio, quien aseguró haber recibido la orden de contratación de David Sánchez «siendo consciente de su ilegalidad», según recoge el auto de procesamiento.

Uno de los elementos más delicados políticamente para Moncloa aparece en los autos de la jueza Biedma, que apunta a la existencia de una persona «X» detrás de la creación del puesto y señala a Pedro Sánchez «por pura lógica». La magistrada sostuvo que la plaza pudo crearse «a petición seguramente de persona o personas de su entorno».

En ese contexto, el actual diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz y exportavoz del PSOE pacense, Ricardo Cabezas, declaró que el propio Pedro Sánchez le comentó en 2017, tras un mitin en Badajoz, que su hermano era músico y estaba en paro. La instructora dejó abierta la posibilidad de que durante el juicio oral pueda esclarecerse definitivamente quién impulsó realmente la creación del puesto.