La investigación del caso hidrocarburos se extiende a Portugal e Irlanda. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer el recorrido del dinero presuntamente sustraído a Hacienda mediante un fraude de IVA superior a 180 millones de euros. Entre los investigados figuran el empresario Víctor de Aldama y Claudio Rivas, propietario de Villafuel.
Una de las diligencias se centra en 213.000 euros enviados en trece transferencias a Kraken, una plataforma de intercambio de criptoactivos, desde una cuenta de inversión portuguesa. El juez ha remitido una orden europea de investigación a Irlanda para obtener información sobre estas operaciones. La documentación descrita no permite determinar cuál fue el destino posterior de esas cantidades.
La solicitud más extensa se dirige a Portugal, donde Anticorrupción sitúa la recepción de unos 78 millones de euros procedentes de cuentas españolas. Los investigadores sospechan que sociedades portuguesas cuyos administradores estarían bajo el control de los principales implicados recibían dinero del presunto fraude tributario. Una parte mayoritaria habría regresado después a España para financiar compras de bienes por los supuestos responsables de la red.
Para reconstruir ese recorrido, Pedraz reclama información sobre las nuevas cuentas localizadas y sobre aquellas que recibieron transferencias de las suministradoras investigadas o de otras empresas portuguesas. El requerimiento incluye los datos bancarios de E.F Iber Combustiveis, una mercantil que la Fiscalía vincula con Claudio Rivas. Las pesquisas buscan identificar el destino final del dinero y comprobar las sospechas de blanqueo mediante su traslado y transformación.
El magistrado también ha requerido documentación a las sociedades Armería Argali y Cacera Concejo. Esta última está administrada por Luis Alberto Escolano, identificado por Anticorrupción como socio de Aldama. Estas diligencias se incorporan a una instrucción que examina cómo habría operado una estructura empresarial dedicada a cobrar el IVA de las ventas de carburante sin ingresarlo posteriormente en las arcas públicas.
Según la hipótesis investigadora, la red recurría a sociedades pantalla para dificultar las reclamaciones tributarias y trasladaba parte de los fondos al extranjero. La causa también indaga en presuntos sobornos a cargos públicos para obtener la licencia de operador de Villafuel, una de sus conexiones con el caso Koldo. Las responsabilidades individuales y el destino de las cantidades investigadas siguen pendientes de esclarecer.
