La intervención en el Poder Judicial que el Gobierno de Sánchez quiere acometer y que ha quedado demostrada tras las últimas declaraciones del presidente en su comparecencia de este lunes y en las posteriores entrevistas que ha concedido en varios medios de comunicación no es una novedad de la actual legislatura.
Durante la pasada, el PSOE y su entonces socio Podemos intentaron reducir en dos ocasiones la mayoría reforzada que el Congreso de los Diputados necesita para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, quisieron aplicar una reforma exprés del Código Penal para adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, que todavía no era de mayoría progresista, impidió esta reforma, que ahora quiere reiniciar el Gobierno de Sánchez tras los cinco días de «reflexión» del presidente.
En una entrevista concedida este martes a la Cadena Ser, Sánchez ha dejado claro cuál será el camino para hacerse con el control del Poder Judicial. «Si el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto», ha asegurado. Preguntado por si el camino a seguir para esa renovación será modificar las mayorías necesarias, Sánchez no ha descartado que vaya a hacerlo.
Las declaraciones del líder del Ejecutivo de las últimas horas ya han movilizado a otros que empujan para que sea esa la estrategia a seguir. Este lunes, la asociación radical La Plaza, próxima a Sumar, celebró una protesta frente a la sede del CGPJ con el lema «el golpismo viste de toga», y algunos políticos, como Joan Baldoví, líder de Més-Compromís, ya han exigido a Sánchez que actúe a golpe de BOE para «parar el lawfare«. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se pronunció este lunes en términos similares cuando instó al Ejecutivo a actuar de forma «urgente» para «democratizar la Justicia«.
