La Audiencia de Palma ha desestimado ordenar el ingreso en prisión de los seis hermanos Ruiz-Mateos condenados por estafa y alzamiento de bienes hace dos semanas, como solicitó la Fiscalía, y deja en suspenso la ejecución de las penas hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que han planteado.
El rechazo de las medidas cautelares pedidas el pasado lunes por el fiscal anticorrupción Joan Carrau supone que Alfonso, José María, Pablo y Zoilo Ruíz-Mateos Rivero continuarán en libertad mientras el alto tribunal estudia sus alegaciones, y, en el caso de Javier y Álvaro, seguirán cumpliendo las penas de cárcel que pesan sobre ellos por otras causas, aunque ya disfrutan de permisos.
Carrau había solicitado para los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos prisión comunicada porque el pasado 4 de julio fueron condenados a penas de entre 6 años y medio y 5 años y 11 meses por estafa y alzamiento de bienes en la compra de sendos hoteles en Mallorca y Las Palmas.
El fiscal argumentaba que, además de esta condena, todos tienen pendientes tres juicios en los que se enfrentarán a peticiones de pena de 27 años para cada uno, y además disponen de recursos económicos en el extranjero, lo que representa un riesgo de fuga.
Pero el tribunal entiende que son suficientes las medidas cautelares que fijó para ellos el juzgado que instruyó el proceso: personación periódica en juzgados, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
La sección primera de la Audiencia Provincial basa su decisión en que, además de la gravedad de los delitos y lo elevado de las penas impuestas a los acusados en primera instancia, para «ponderar el peligro de fuga» deben considerarse las circunstancias personales de los condenados.
«La sala comparte el hecho de que los acusados cuentan con un arraigo familiar suficiente que parece excluir el riesgo de fuga», indica el tribunal, que pone el acento en que «cuentan con una familia muy nutrida en la que los hijos son prácticamente en todos los casos menores de edad».
Agrega a este argumento el de que «los acusados en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia» tanto en el proceso por el que han sido condenados en Palma, como en los otros dos que tienen pendientes en Baleares y el que instruye la Audiencia Nacional.
Por ello, sopesando los criterios de arraigo, actitud en los procesos judiciales en los que están involucrados y las condenas que pesan sobre ellos, los tres magistrados consideran «razonable mantener su situación de libertad provisional».
La sentencia que la Audiencia de Palma dictó hace dos semanas condenaba a Javier a 6 años y medio; a Álvaro y Alfonso, a 6 años y 5 meses; a José María y Pablo a 6 años y 4 meses; y a Zoilo, a 5 años y 11 meses por delitos de estafa y alzamiento de bienes al entender que ofrecieron garantías y avales infundados en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera y Beberly Park Maspalomas.
Los hermanos, que según el fallo ofrecieron una falsa imagen de solvencia como familia propietaria del grupo Nueva Rumasa, deben indemnizar de forma conjunta y solidaria por un valor total de 46,45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los 16 afectados por la estafa.
De manera subsidiaria responderán de esta responsabilidad civil las empresas del grupo familia Clesa, Dhul, Carcesa y Wersdale España. Además, el tribunal impuso a los condenados multas que suman 489.000 euros.
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