La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha señalado que las denuncias por «vulneración de derechos lingüísticos» —es decir, por no emplear el catalán— pasaron de 86 en 2014 a 1.577 en 2024, alcanzando su máximo histórico el año anterior, con 1.874 quejas registradas en 2023. En términos globales, el número de denuncias se ha multiplicado por 18 en una década, reflejando un clima cada vez más hostil hacia el uso del español en la vida cotidiana.
El fenómeno se agrava si se tiene en cuenta el papel de la Plataforma per la Llengua, una organización subvencionada por la Generalidad y conocida como «la policía del idioma».
Mientras tanto, la ACC efectuó en 2025 un total de 2.287 inspecciones, su cifra más alta, pero muy por debajo del ritmo de crecimiento de las quejas.
Los datos muestran un ascenso constante desde 2014. Fuentes del propio organismo autonómico reconocen que «no existe una explicación clara» para el incremento, aunque el contexto político lo deja claro: la Generalidad y sus brazos mediáticos y asociativos han convertido la lengua en instrumento de control cultural y exclusión social.
