La asociación ‘Hablamos Español’, que lucha contra la discriminación que sienten cada vez más familias por culpa del separatismo, ha denunciado que en Baleares, comunidad autónoma gobernada por Marga Prohens (PP), una escuela está imponiendo restricciones al uso del castellano en el comedor escolar. El caso afecta al CEIP Pintor Joan Miró, donde, según la entidad, se obliga a los monitores a comunicarse únicamente en catalán, incluso con los alumnos y padres que no lo entienden.
A raíz de esta denuncia, presentada ante la Consejería de Educación del Gobierno balear, se ha destapado además una irregularidad en la gestión del comedor escolar. La empresa encargada del servicio estaba operando a través de una subcontrata no autorizada, por lo que se le ha abierto un expediente sancionador, según han confirmado fuentes oficiales al diario ElCatalán.es.
Según Hablamos Español, a los trabajadores del comedor se les exigía firmar un documento interno, una especie de decálogo lingüístico, en el que se comprometían a no utilizar el español en ninguna circunstancia, salvo cuando fuera absolutamente imposible comunicarse con el alumno en catalán. Incluso entonces, según denuncian, debían hacerlo en privado y apartándose del resto de niños.
La asociación no sólo ha puesto el foco en la empresa contratada, sino también en la propia dirección del colegio. Asegura que el castellano ha sido excluido de la documentación clave, como los menús y las indicaciones sobre alergias alimentarias, algo que consideran una forma clara de marginación lingüística. En sus palabras, «no es sólo la empresa la que incurre en prácticas discriminatorias, también el propio centro educativo contribuye a la exclusión del español».
Además, Hablamos Español ha explicado que, aunque el membrete de los documentos escolares lleva el nombre de un restaurante, desde ese mismo establecimiento han aclarado que fue el colegio quien impuso la consigna de excluir el castellano de cualquier tipo de comunicación escrita. La asociación responsabiliza directamente a la Consejería de Educación por no haber detectado antes esta situación y acusa a la Inspección Educativa de mirar hacia otro lado.
