La congestión de la red eléctrica desde el pasado año sigue presente en 2026, pero con más presión, en un contexto cada vez más tenso para el sector energético español. Los últimos datos oficiales confirman que el problema no sólo persiste, sino que se agrava: casi nueve de cada diez nudos de la red de distribución se encuentran completamente saturados, justo cuando las principales eléctricas preparan una ofensiva judicial contra el regulador por el nuevo sistema de retribución de las redes.
Según las cifras más recientes, correspondientes al mes de enero, el 88,20% de los nudos presenta una capacidad disponible del 0%. Este dato consolida una tendencia al alza que ya se venía observando desde el otoño, cuando la publicación obligatoria de estos indicadores —impuesta por una circular del regulador desde septiembre— empezó a mostrar el alcance real del colapso. En noviembre, el porcentaje de nudos sin capacidad alcanzaba el 87%, dos puntos más que en octubre y cuatro más que en septiembre.
El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%. A estas se suman otras provincias donde el problema se ha intensificado con rapidez, como Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife, ambas con incrementos superiores al 5%. Burgos, uno de los polos industriales del norte del país, también ha llegado al límite absoluto de su red.
Este escenario está teniendo un impacto directo en la actividad económica. La patronal eléctrica Aelec alertó recientemente de que sólo el 12% de las solicitudes de acceso a la red logra autorización, una proporción que se mantiene prácticamente inalterada respecto a 2024. En 2025 se pidieron alrededor de 40 gigavatios de acceso y conexión: apenas 4,5 gigavatios fueron concedidos, unos 25 gigavatios quedaron fuera por falta de capacidad y cerca de 8,5 gigavatios siguen atrapados en trámites administrativos.
Desde el sector advierten además de un efecto disuasorio difícil de cuantificar. La falta de capacidad es tan conocida en determinadas zonas que algunos proyectos industriales habrían optado directamente por no solicitar acceso, conscientes de antemano de que la red no puede absorber nuevas conexiones. Para Aelec, el problema ha dejado de ser informativo o procedimental y se ha convertido en un obstáculo estructural que fuerza a las empresas a buscar ubicaciones que no siempre responden a criterios logísticos, industriales o económicos razonables.
En paralelo a este colapso técnico, el conflicto regulatorio ha añadido más incertidumbre. Las compañías eléctricas han decidido recurrir la nueva metodología de retribución de las redes aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el periodo 2026-2031. Una vez agotada la vía administrativa, el sector prepara un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, con la vista puesta, si fuera necesario, en el Tribunal Supremo. Se trata de un proceso largo que podría prolongarse durante años.
El malestar no se limita al plano jurídico. Fuentes del sector sostienen que el nuevo esquema retributivo retrasará hasta una década uno de los objetivos clave de la política energética española: la digitalización de la red eléctrica. Aunque el modelo intenta aproximarse al enfoque totex, las señales que envía al mercado, según las empresas, desincentivan la inversión en modernización y priorizan soluciones tradicionales como la mera sustitución de transformadores, en detrimento de una transformación profunda de la infraestructura.
La aprobación de la circular ha dejado además una profunda división interna en el regulador. La votación final reflejó un equilibrio frágil: cinco votos a favor, tres en contra, una abstención y un voto no emitido. Este reparto ha sido interpretado por las eléctricas como una muestra del desacuerdo existente en la cúpula de la CNMC, lo que refuerza su decisión de llevar el conflicto a los tribunales.
Con una red cada vez más saturada, inversiones en entredicho y un frente judicial abierto, el sistema eléctrico español afronta un periodo crítico en el que los cuellos de botella técnicos y las tensiones regulatorias amenazan con frenar tanto la transición energética como el desarrollo industrial.
