La consejera balear de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que el gobierno regional no contempla modificar el decreto que regula el conocimiento del catalán de los trabajadores de la sanidad pública de las islas a pesar de la amenaza de recurso judicial planeada por el Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo anunciaron este lunes a Efe que impugnará por vía judicial el decreto por condicionar la movilidad de los funcionarios sanitarios y su acceso a la carrera profesional a que acrediten conocimientos básicos de catalán.
Gómez ha lamentado en los pasillos del Parlamento haber conocido la advertencia del Gobierno «por los medios de comunicación», cuando en numerosas ocasiones se ha ofrecido a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, «para hablar de los temas que realmente preocupan a la comunidad autónoma».
La consejera ha señalado que la actitud de la ministra denota «un cierto desconocimiento» del proyecto de decreto autonómico que desarrolla en el ámbito sanitario la ley de 2016 que establece que el conocimiento del catalán es un requisito para trabajar en la administración balear.
Ha subrayado que el decreto proyectado por su departamento cuenta con el apoyo del 65% de la representación sindical de los trabajadores de la sanidad pública del archipiélago y que establece una exigencia de conocimiento de catalán menor para los sanitarios que para el resto de funcionarios.
Además, no será preciso tener un título de catalán para concurrir a las oposiciones y se da un plazo de dos años para obtenerlo, aunque si no se consigue no se pierde la plaza pero se impiden los traslados y el cobro de los pluses de carrera profesional.
Gómez ha recordado que el texto del decreto está siendo analizado por el Consejo Consultivo, cuyo informe no es vinculante, y después será aprobado por el gobierno para que esté vigente de cara a las oposiciones, que sacarán a concurso 5.000 empleos públicos.
Ha insistido en su llamamiento a la ministra de Sanidad para dialogar sobre mejoras del sistema público de salud y ha apelado también a su comprensión del decreto de catalán en Baleares dada su condición de catalana.
Marchas contra la imposición del catalán
Unas 2.500 personas se manifestaron hace unos semanas por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.
La marcha fue organizada por la plataforma ciudadana “Mos Movem, En Marcha, Let’s go” y el lema era “Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”.
La empresaria Úrsula Mascaró, impulsora de este movimiento, consideró que esta medida es “excluyente” y “dificulta la captación y fidelización” de profesionales sanitarios y no sanitarios en las islas porque el decreto también afecta al personal de cocina o mantenimiento.
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