El juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, podría no comenzar hasta junio o julio de 2027. El juez Juan Carlos Peinado confirmó este lunes la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado y dejará ahora la causa en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, apenas unos días antes de su jubilación. Gómez llegará a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que Álvarez lo hará por este último delito.
El procedimiento entra así en una nueva etapa que se prevé larga. Según fuentes jurídicas consultadas por La Razón, el tiempo habitual para señalar una vista ante un tribunal del jurado oscila entre cinco y diez meses. La complejidad de la causa y la ausencia de acusados en prisión pueden prolongar todavía más los plazos.
Antes tendrá que resolverse el reparto del procedimiento. Las actuaciones serán distribuidas entre doce de las 15 secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid. Quedan fuera las dos dedicadas a violencia de género y la sección número 23, que ya intervino en los recursos presentados contra las decisiones de Peinado.
Una vez determinada la sección, se designará al magistrado encargado de presidir el juicio y ejercer como ponente. Según la información publicada, primará el criterio de antigüedad entre los cinco jueces que integran cada sección.
Ese magistrado tendrá en sus manos algunas de las decisiones más relevantes antes de que el caso llegue al jurado. Entre ellas estará determinar qué pruebas se practican y qué testigos comparecen, incluida la posible declaración de Pedro Sánchez y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solicitados por las acusaciones. La comparecencia del jefe del Ejecutivo, por tanto, todavía no está asegurada y dependerá de lo que resuelva el tribunal.
La fase intermedia también puede abrir nuevos frentes procesales mediante recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que añade otro factor capaz de retrasar el señalamiento definitivo.
Cuando llegue el momento de constituir el jurado serán elegidos nueve ciudadanos titulares y dos suplentes. Las partes podrán formular hasta cuatro recusaciones cada una antes de que quede constituido el tribunal que deberá pronunciarse sobre los hechos objeto de acusación.
Peinado considera que existen indicios para llevar a Gómez ante el jurado por tráfico de influencias en relación con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid y por malversación vinculada al uso de su asesora y al desarrollo del software asociado a la cátedra que codirigía.
En su resolución de 67 páginas, el magistrado sostiene que existen «indicios racionales» y vincula el cambio experimentado por la trayectoria profesional de Gómez con su «posición relacional» como esposa del presidente del Gobierno. Entre los elementos citados figura la reunión que mantuvo con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa.
También coloca en el centro del procedimiento el papel desempeñado por Cristina Álvarez. Peinado considera que la asesora participó de forma constante en gestiones relacionadas con la actividad profesional de Gómez y recuerda que la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de una regulación específica que le otorgue trabajadores a su servicio sufragados mediante fondos públicos.
La Universidad Complutense de Madrid reclama 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil si finalmente existe condena por malversación. Esa cantidad corresponde al coste que la institución atribuye al desarrollo del software relacionado con la cátedra.
La acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, solicita para Gómez 13 años de prisión y seis para Álvarez. La Fiscalía mantiene la posición contraria: no aprecia indicios delictivos y reclama la absolución de ambas acusadas.
Peinado ha ordenado además averiguar la capacidad económica de la esposa de Sánchez y ha requerido a la Agencia Tributaria sus cinco últimas declaraciones del IRPF. No ha acordado, sin embargo, medidas cautelares ni fianza, aunque Gómez y Álvarez deberán permanecer a disposición del tribunal y comunicar cualquier modificación de domicilio o paradero.
El magistrado cerrará así una investigación iniciada hace más de dos años justo antes de abandonar la carrera judicial. Peinado se jubilará forzosamente al cumplir 72 años y deja la causa con la apertura del juicio oral ya decretada. La Audiencia de Madrid será ahora la encargada de conducir un proceso que sitúa a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular y cuyo calendario puede extenderse durante buena parte de 2027.
