El juez Juan Carlos Peinado celebró este martes la audiencia preliminar previa a decidir si envía al banquillo a Begoña Gómez y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno reclamó de nuevo su absolución, una petición respaldada por la Fiscalía, que durante los más de dos años de procedimiento se ha opuesto a que la causa avance contra ambas investigadas.

La vista comenzó pasadas las 19.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, después de que Peinado aceptara retrasarla para permitir la llegada desde Palma de Mallorca del abogado de Gómez, Jaime Campaner. El letrado había solicitado en dos ocasiones el aplazamiento del señalamiento, pero finalmente pudo desplazarse a Madrid tras suspenderse otro asunto judicial que tenía previsto.

Durante la audiencia, Campaner pidió que Gómez no sea juzgada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La primera acusación está relacionada con la creación y actividad de la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La segunda afecta al supuesto uso de su asistente en La Moncloa para asuntos vinculados con su actividad profesional y a la utilización privada del programa informático desarrollado para la universidad.

La defensa de Cristina Álvarez también solicitó su absolución. Su abogado, José María de Pablo, rechazó que su clienta actuara como cooperadora necesaria en un delito de malversación por su intervención en el presunto desvío del software para fines privados de Gómez.

La acusación popular pide 13 años de cárcel

La Fiscalía volvió a situarse junto a las defensas y defendió la absolución de ambas. Su posición contrasta con la mantenida por la acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, que pidió la apertura de juicio ante un jurado popular.

Las acusaciones reclaman 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. La Universidad Complutense también se mostró favorable a que ambas sean juzgadas y reiteró su petición de que sean condenadas a abonar conjuntamente una indemnización de 113.000 euros por la presunta apropiación de la plataforma tecnológica.

Ninguna de las partes solicitó nuevas medidas cautelares. La Audiencia Provincial de Madrid ya anuló las retiradas de pasaporte que Peinado había acordado anteriormente contra Gómez y Álvarez. Tampoco se reclamó la práctica de nuevas diligencias imprescindibles antes de resolver la apertura de juicio oral.

El magistrado ya había rechazado una de las pesquisas solicitadas por la defensa de Gómez. Peinado consideró innecesario citar como testigo al otro director de la cátedra extraordinaria, José Manuel Ruano, antes de decidir si la esposa de Sánchez debe sentarse en el banquillo.

Peinado se marcha de vacaciones sin dictar todavía su decisión

La audiencia terminó sin que el juez anunciara su decisión sobre la apertura de juicio oral. Peinado comienza este miércoles sus vacaciones, que se prolongarán hasta el 18 de septiembre, y se jubilará de forma forzosa el día 27 de este mes al cumplir 72 años.

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece un plazo máximo de tres días para que el magistrado resuelva después de la audiencia preliminar. Si Peinado no dicta el auto antes de abandonar el juzgado, la decisión podría recaer en su sustituto natural, el juez Carlos Valle.

El propio instructor explicó en una providencia que había fijado la audiencia para este martes debido a su calendario de vacaciones. La defensa de Gómez intentó aplazarla y descartó inicialmente la posibilidad de enviar a otro abogado en sustitución de Campaner.

El letrado comunicó finalmente al juzgado que podía viajar a Madrid después de que se suspendiera el procedimiento que tenía previsto atender en Barcelona. Campaner reservó una plaza en el primer vuelo disponible, cuyo aterrizaje estaba programado para las 17.50 horas, y pidió retrasar la vista al menos 45 minutos. Aunque estaba convocada para las 18.00, Peinado aceptó demorar su inicio hasta la llegada del abogado.