La Fiscalia belga pregunta por las dimensiones de la celda en la que entraría Puigdemont y si la comida es suficiente y de buena calidad.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más avanzados de España, en el que podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.
Asimismo, el Ejecutivo explica que España respeta escrupulosamente los derechos humanos y añade que «no parece comprensible» que Carles Puigdemont intente proyectar sospechas sobre el sistema penitenciario cuando él mismo y su Ejecutivo lo gestionaban en Cataluña, y que se ha asegurado que las circunstancias de su detención respetarían «escrupulosamente» los convenios europeos e internacionales suscritos por España.
Así se pone de manifiesto en la respuesta que ha remitido a la Fiscalia belga, que ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia ante la Justicia del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en Bruselas.
Esta información consiste entre otras cosas, en las condiciones de las cárceles españolas y el tipo de tribunal que les enjuiciaría.
La solicitud de información versa sobre tres ámbitos, según fuentes jurídicas. El primero es el sistema penitenciario español. Se formulan preguntas como ¿en qué cárcel quedarán encerrados?, ¿las circunstancias de detención son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos?, ¿cuáles son las dimensiones de la celda?, ¿cuál es el espacio vital individual?, ¿hay acceso suficiente y regular a equipamientos sanitarios y duchas? o ¿la comida es suficiente y de buena calidad?. El segundo ámbito tiene que ver con las garantías del procedimiento judicial español -«¿se aplica el procedimiento normal o un procedimiento especial?»-, y el tercero sobre los hechos contenidos en la orden europea de detención.
La juez Lamela cursó una orden de detención europea contra Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) después de que no se presentaran a declarar investigados por rebelión, sedición y malversación por su participación en el 1-O. Los cinco se negaron a ser trasladados a España y comparecerán este viernes en Bruselas ante el juez de primera instancia, que debe decidir si ejecuta la euroorden de entrega.
Los exconsejeros se encuentran en libertad con medidas cautelares. Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
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