Blackstone, el fondo de inversión inmobiliaria más señalado por miembros del Gobierno y sus socios como buitre en los últimos años, ha conseguido a través de Aliseda un contrato de 52,45 millones de euros con la Sareb, la sociedad controlada por el Estado, según ha confirmado El Mundo. El acuerdo encomienda a su gestora la administración de activos inmobiliarios, incluidas viviendas sociales, y se extiende hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prolongarlo hasta 2030.

Entre las tareas adjudicadas figura la preparación de inmuebles para su incorporación a Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda. La Sareb ha reservado más de 40.000 viviendas para ese traspaso, un proceso que requiere actuaciones para garantizar su habitabilidad. Aliseda también se encargará de vender pisos, locales y terrenos, administrar alquileres y elaborar informes sobre impagos y arrendatarios vulnerables. El contrato incluye la gestión de ocupaciones y la recuperación de la posesión de inmuebles, siempre bajo las instrucciones de Sareb.

La adjudicación contrasta con los mensajes que el Ejecutivo ha empleado para defender sus decretos de vivienda. «O se está con los buitres o con la gente», afirmó Isabel Rodríguez antes de la votación del viernes. Sánchez había declarado la víspera: «Me gusta ser traidor a los fondos buitre». Sin embargo, según el periódico, el contrato con la filial de Blackstone quedó firmado en agosto, mientras la ministra preparaba las medidas que posteriormente fueron rechazadas por el Congreso.

El acuerdo amplía las funciones que Aliseda desempeñaba desde 2022 y fue comunicado internamente a los trabajadores de Sareb el mes pasado, aunque no se ha difundido una nota oficial sobre su firma. Aliseda y Servihabitat habían obtenido las mejores puntuaciones del concurso. El consejo de administración ya ha autorizado el contrato de la primera, mientras que la adjudicación correspondiente a la segunda permanece pendiente de una impugnación que podría resolverse en octubre, de acuerdo con EL MUNDO.

Blackstone se convirtió en uno de los mayores propietarios de vivienda en España mediante compras de carteras procedentes de antiguas cajas de ahorros y administraciones públicas, y llegó a gestionar más de 30.000 pisos a través de sus filiales. Aunque ha reducido su patrimonio residencial, mantiene una presencia destacada en el país. El fondo, que ha negado las irregularidades denunciadas por algunos inquilinos, conserva ahora mediante este contrato un papel relevante en la gestión de inmuebles destinados a ampliar el parque público.

La escasez de oferta constituye, además, uno de los factores que el grupo identifica como respaldo para su negocio residencial. En su informe anual compara las 118.692 viviendas construidas al año con las 714.005 del periodo 2003-2007 y añade la previsión de que la población aumente en cinco millones de personas en quince años. Su diagnóstico apunta a que esa combinación de demanda creciente y construcción insuficiente sostiene la fortaleza de los precios, precisamente en un mercado cuya falta de vivienda asequible el Gobierno pretende combatir.