Junts ha vuelto a situar la inmigración en el centro de su estrategia política ante el crecimiento de Aliança Catalana y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez el «traspaso integral» de las competencias migratorias a Cataluña. La formación de Carles Puigdemont ha recuperado la proposición de ley pactada con el PSOE después de que el Congreso rechazara su tramitación el pasado septiembre.
El movimiento llega mientras Aliança Catalana continúa creciendo en los sondeos y disputa a Junts una parte del electorado independentista. Algunas encuestas han llegado a situar a la formación de Sílvia Orriols con cerca del 30% de los escaños del Parlament, una presión electoral que coincide con el endurecimiento del discurso de los neoconvergentes sobre inmigración, seguridad y saturación de los servicios públicos.
Junts registró este miércoles una nueva proposición de ley para entregar a la Generalitat la gestión migratoria. Mantiene el articulado que pactó con el PSOE en marzo de 2025, pero modifica la exposición de motivos que provocó el rechazo de Podemos, que calificó el texto de «racista».
El traspaso forma parte de los compromisos adquiridos por los socialistas para garantizar el apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Sánchez. Tras más de un año de negociaciones, ambos partidos alcanzaron un acuerdo, pero la iniciativa naufragó en el Congreso con los votos en contra de PP, VOX, Podemos y UPN, además de Alberto Ibáñez, de Compromís, y Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista.
Junts aprovecha la crisis de Ceuta para presionar al Gobierno
La exigencia ha regresado al Congreso en plena crisis migratoria de Ceuta tras la entrada de unas 80.000 personas a finales de julio. Durante la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el diputado de Junts Josep Pagès acusó al Ejecutivo de ser «incapaz de gestionar los flujos migratorios con orden, seguridad y responsabilidad».
Pagès también cargó contra la regularización masiva impulsada por el Gobierno, que, según denunció, se ha aprobado «sin consenso, a espaldas del Congreso y sin previsión del número de regularizados o de los efectos sobre los servicios públicos».
«Lo que saben hacer ante estos hechos es repartir menores, repartir personas, repartir la presión sobre los servicios públicos de las comunidades autónomas y, muy especialmente, endosar a Cataluña los efectos de su negligencia», afirmó.
Junts sostiene que la red catalana de acogida está «sobresaturada» y rechaza que la respuesta del Ejecutivo a la crisis consista en trasladar a las comunidades autónomas parte de la presión migratoria que soportan Ceuta, Melilla y Canarias.
El diputado independentista elevó además sus exigencias y descartó aceptar una cesión parcial: «Lo único que aceptamos es el traspaso integral de las competencias de inmigración en Cataluña». Junts pretende asumir capacidad de decisión sobre «los flujos de inmigración, la acogida, la integración, la lengua, la convivencia y la seguridad».
Bolaños confirma que el PSOE mantiene la cesión pactada
Bolaños respondió confirmando que el PSOE sigue dispuesto a entregar a Cataluña competencias en esta materia, aunque reprochó a Junts haber registrado unilateralmente la nueva iniciativa.
«Nosotros estamos donde hemos estado siempre: defendemos la delegación de competencias migratorias a Cataluña y a la Generalitat. Lo hemos pactado. Y vamos a trabajar para que se haga en esos términos», aseguró el ministro.
Sin embargo, advirtió a los de Puigdemont de que necesitan construir una mayoría parlamentaria: «Ustedes no pueden presentar una proposición de ley con siete diputados y decir que esto es lo que hay».
La cesión vuelve así a la agenda parlamentaria en un momento especialmente delicado para el Gobierno: mientras trata de gestionar las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, Junts utiliza esa crisis para exigir el cumplimiento de uno de los compromisos pendientes de Sánchez y endurece su posición ante el crecimiento electoral de Aliança Catalana.
