La industria que ha convertido a Castellón en una potencia cerámica europea afronta una amenaza diseñada en Bruselas. El endurecimiento del régimen de emisiones puede disparar la factura de CO2 del azulejo español desde 56 millones hasta 163 millones de euros, justo cuando el sector compite en los mercados internacionales contra países sin las mismas exigencias ambientales, energéticas ni laborales.
El golpe no afecta a un sector menor. La cerámica española factura alrededor de 5.000 millones de euros y exporta cerca del 73% de sus ventas. España es, junto a Italia, la primera potencia europea en baldosas y una referencia mundial en calidad, diseño e innovación. Pero esa fortaleza exterior se convierte ahora en un punto de vulnerabilidad: cada nueva carga regulatoria impuesta desde Bruselas reduce su capacidad de competir frente a productores que no soportan los mismos costes.
El epicentro de esta batalla industrial está en Castellón. El 95% de la producción española de baldosas se concentra en esta provincia, donde el azulejo sostiene una red de fábricas, proveedores, empleos y exportaciones decisiva para la economía valenciana. Por eso, lo que se decide en Bruselas sobre emisiones, energía y acuerdos comerciales no es una cuestión técnica. Es una decisión sobre empleo, inversión y supervivencia industrial.
La responsable de Sostenibilidad de ASCER, Victoria Zaera, alerta del impacto que el Pacto Verde Europeo está teniendo sobre los fabricantes españoles de azulejos y pavimentos cerámicos. Su diagnóstico apunta a una misma conclusión: las reglas climáticas de la Comisión Europea están elevando los costes de producir en Europa sin ofrecer al sector herramientas reales para descarbonizarse al ritmo que se le exige.
La cerámica es una industria intensiva en gas. El sector consume 13,1 teravatios hora, una cifra que equivale al 60% del consumo industrial de la Comunidad Valenciana y a casi el 8% del consumo industrial español. También registra un consumo elevado de electricidad, aunque las empresas han incorporado medidas de eficiencia energética y autoconsumo renovable.
Según los datos expuestos por ASCER, el 12% del consumo eléctrico del sector procedió el año pasado de fuentes renovables, especialmente de plantas solares instaladas en cubiertas y superficies de aparcamiento de las propias fábricas. Sin embargo, ese esfuerzo no ha evitado que la factura energética se haya convertido en una losa. Respecto a 2019, el coste energético «casi se ha duplicado». La industria paga ya cerca de 1,9 euros de energía por cada metro cuadrado fabricado.
A esa presión se suma el coste creciente del CO2. El sector cerró el año pasado con una factura de 56 millones de euros por emisiones, con una subida importante respecto al ejercicio anterior. El problema, según la industria, es que esa cifra puede acelerarse a partir de 2026 por los cambios previstos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.
Ese sistema reconoce, al menos sobre el papel, que determinados sectores sometidos a competencia internacional necesitan protección para evitar la llamada fuga de carbono. Es decir, para impedir que una fábrica situada en Europa termine trasladando su producción a países como Marruecos, donde no afronta los mismos costes regulatorios.
Pero esa salvaguarda puede quedar reducida a mínimos. La Comisión Europea ha propuesto una revisión de los parámetros que determinan cuántos derechos de CO2 reciben gratis las industrias. Ese parámetro, conocido como benchmark, se ha reducido un 50% respecto al valor inicial. Para el azulejo español, el efecto sería inmediato: la factura de CO2 podría pasar de 56 millones a una horquilla de entre 109 y 163 millones de euros.
«Es una auténtica barbaridad», resume Zaera. El problema, añade, es que ese coste «se lleva casi todo el beneficio que tiene el sector» y deja a la industria sin capacidad real para competir. No se trata sólo de pagar más. Se trata de producir en España con menos margen, menos inversión y más presión frente a competidores exteriores.
La paradoja es que esa factura no garantiza la descarbonización del sector. Al contrario, amenaza con restarle recursos para invertir. «No va a servir para descarbonizarse, sino todo lo contrario, va a servir para desinvertir«, advierte la responsable de Sostenibilidad de ASCER.
El fondo del problema está en el desfase entre la ambición política de Bruselas y la realidad tecnológica de la industria. La cerámica española ya ha reducido un 60% sus emisiones desde los años 80 mediante cambios de combustible y mejoras tecnológicas. Pero ahora la Comisión Europea exige un salto que el sector considera imposible con las infraestructuras disponibles.
Las fábricas no cuentan aún con redes eléctricas suficientes para asumir una electrificación masiva de sus procesos. Tampoco existe una alternativa real al gas para buena parte de la producción. Y el hidrógeno verde, presentado durante años como una solución de futuro, no está disponible para cubrir las necesidades industriales del sector. Zaera es tajante sobre este punto: «Todavía no tenemos ese hidrógeno verde del que tanto se ha hablado; está años luz de llegar«.
El Pacto Verde se convierte así en un mecanismo de presión sin salida tecnológica. Bruselas exige objetivos más estrictos, pero el sector denuncia que no dispone de las herramientas necesarias para cumplirlos sin destruir competitividad. La industria no rechaza avanzar en descarbonización; rechaza que se le impongan plazos y costes que sus competidores internacionales no asumen.
El régimen europeo de comercio de derechos de emisión nació en 2005 con el objetivo de impulsar la reducción de emisiones. En algunos ámbitos, como la generación eléctrica, pudo favorecer el desarrollo de renovables. Pero en sectores manufactureros como la cerámica, el balance es muy distinto. «Con las reglas del juego que tiene no funciona», sostiene Zaera.
ASCER reclama una transformación radical del sistema para que tenga en cuenta la realidad de cada actividad industrial. La cerámica no puede recibir el mismo tratamiento que otros sectores con tecnologías más maduras o alternativas energéticas ya disponibles. «No nos pueden juntar a todos y mezclar en el mismo saco», advierte Zaera. La industria pide reglas realistas que permitan reducir emisiones sin dejar a las fábricas europeas indefensas frente a países que producen sin las mismas cargas.
El calendario añade presión. El próximo 15 de julio, la Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta de revisión de la directiva ETS, que marcará las normas de descarbonización a partir de 2031. Para la cerámica española, esa revisión puede corregir el rumbo o consolidar una pérdida de competitividad difícilmente reversible.
Un problema que se agrava en España
El problema no termina en Bruselas. La industria también denuncia que España suele agravar las cargas cuando traslada las normas europeas al ordenamiento nacional. Esa práctica deja a las empresas españolas en desventaja incluso frente a competidores europeos como Italia. Zaera lo expresa con claridad: «Dentro de España nos hacemos trampas al solitario».
La presión regulatoria se combina, además, con la apertura comercial a países que no compiten bajo las mismas condiciones. El caso de India preocupa especialmente al sector. El país ha crecido de forma exponencial en producción cerámica y ya es el segundo productor mundial después de China. Pero, a diferencia del gigante asiático, India tiene un perfil mucho más exportador.
El producto indio está ganando presencia en los mercados internacionales con costes y condiciones que, según la industria española, no se ajustan a los estándares ambientales y laborales exigidos en Europa. Además, sus empresas cuentan con apoyos internos y ventajas fiscales que les permiten salir al mercado con «precios rompedores».
Por eso, el anuncio del acuerdo entre Bruselas y Nueva Delhi cayó en el sector como «un jarro de agua fría». La industria cerámica ya ha iniciado procedimientos antidumping contra India, pero considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido satisfactorias ni han frenado la entrada del producto indio en Europa. Frente a China, sí se establecieron barreras que funcionaron. Con India, la situación es distinta.
El resultado es una pinza contra el azulejo español. Por un lado, Bruselas encarece la producción dentro de Europa con objetivos climáticos cada vez más estrictos. Por otro, abre la puerta a productos fabricados fuera bajo reglas menos exigentes. El sector queda atrapado entre una factura climática que puede triplicarse y una competencia exterior que no soporta las mismas obligaciones.
El conflicto político de fondo es claro. La Unión Europea exige a sus industrias más costes, más trámites y más sacrificios, pero no garantiza ni la tecnología, ni la energía, ni la protección comercial necesarias para que puedan seguir compitiendo. En el caso de la cerámica española, esa contradicción golpea directamente a Castellón, al empleo industrial y a una de las pocas actividades manufactureras que todavía exportan con fuerza desde España.
La cerámica española no pide una excepción para no competir. Pide no ser condenada por unas reglas que sus rivales no cumplen. La factura verde de Bruselas puede pasar de 56 a 163 millones. Y, si eso ocurre, el coste no lo pagará una estadística climática, sino una de las industrias que todavía fabrican, exportan y sostienen empleo en España.
