La Comisión Europea ha propuesto este viernes reducir un 32% los días de pesca de la flota española de arrastre en el Mediterráneo occidental para 2027, lo que supondría pasar de los 143 días autorizados este año a unos 97 por embarcación, aunque contempla la posibilidad de ampliar ese límite hasta un máximo de 131 jornadas si los pescadores aplican medidas adicionales para proteger las especies más vulnerables.
La propuesta, que servirá de punto de partida para las negociaciones de los ministros de Pesca de la UE los próximos 14 y 15 de diciembre, plantea así un recorte de 46 días respecto a 2026 que podría reducirse a 12 mediante el mecanismo de compensación, aunque incluso en ese escenario la flota española dispondría de menos jornadas de actividad que este año.
En concreto, el Ejecutivo comunitario propone asignar a España un total de 54.127 jornadas de pesca para el conjunto de su flota de arrastre, ampliables hasta 73.391 mediante la adopción de medidas de conservación.
Bruselas defiende que los límites propuestos responden a las últimas recomendaciones científicas sobre el estado de las poblaciones de peces y tienen en cuenta tanto las medidas aplicadas por los pescadores en los últimos años como el uso previsto de redes más selectivas y zonas de veda durante 2027, con el objetivo de ofrecer una mayor «previsibilidad y estabilidad» al sector.
Sin embargo, el Gobierno español ha expresado su decepción ante una propuesta que considera «desconectada de la realidad» y ha advertido de que se opondrá a cualquier acuerdo que no permita mantener los 143 días de pesca autorizados este año.
Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sostienen que el planteamiento de Bruselas no reconoce los esfuerzos realizados por los pescadores del Mediterráneo desde 2020 para favorecer la recuperación de las poblaciones marinas y cuestionan que exista un dictamen científico suficientemente sólido para justificar un recorte de esta magnitud.
En particular, el departamento que dirige Luis Planas considera que las evaluaciones científicas no reflejan adecuadamente los efectos positivos de las medidas de conservación introducidas en los últimos años, entre ellas la sustitución de las redes de pesca por otras que permiten escapar a los ejemplares de menor tamaño.
A juicio del Ejecutivo español, la propuesta tampoco garantiza el equilibrio entre la protección de los ecosistemas marinos y la viabilidad económica y social del sector pesquero que debe perseguir la Política Pesquera Común, por lo que defenderá el mantenimiento de las jornadas actuales durante la negociación de diciembre.
En este contexto, la secretaria general de Pesca ha convocado para esta misma tarde a representantes del sector y de las comunidades autónomas con el objetivo de trasladarles los detalles de una propuesta que el Ministerio califica de «insólita».
Por su parte, la Comisión advierte de que la recuperación de las poblaciones de peces del Mediterráneo occidental «sigue siendo insuficiente» y que «la mayoría de las poblaciones demersales se encuentran bajo una presión considerable», ya que 13 de las 14 evaluadas se siguen pescando por encima de los niveles sostenibles y siete permanecen por debajo de los umbrales de precaución.
No obstante, el Ejecutivo comunitario reconoce una mejora en uno de los indicadores científicos, ya que ninguna de las poblaciones analizadas se encuentra actualmente por debajo del límite que pondría en riesgo su capacidad de reproducción, frente a una que sí estaba en esa situación el año pasado.
La propuesta incluye también medidas de gestión para los barcos que pescan con palangre y límites de capturas para las gambas de aguas profundas, así como otras posibilidades de pesca acordadas en el marco de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).