La Comisión Europea «se toma muy en serio» el examen de la ley de amnistía pero no concluirá su evaluación mientras su tramitación parlamentaria en España no haya culminado, ha dicho este martes el representante del Ejecutivo comunitario en un debate en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en donde se han examinado ocho quejas ciudadanas sobre este asunto.
«Para que podamos finalizar nuestra evaluación debemos basarnos en la ley ya aprobada, algo que no se da aún«, ha dicho el responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales en la dirección general de Justicia, Julien Mousnier.
En su intervención tras escuchar las intervenciones de los peticionarios, Mousnier ha recordado que el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dejado claro en varias intervenciones públicas que sus servicios siguen «con atención» la evolución de la ley, pero que no tomará posición mientras continúe el proceso parlamentario en España.
También ha indicado que Bruselas está «desde el principio» en contacto con las autoridades españolas y que observa el proceso legislativo nacional. Una vez que la norma pactada por el PSOE con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez adopte su forma definitiva, la Comisión determinará «si cumple» con la legislación europea y los valores fundamentales de la Unión Europea, incluido, ha dicho el representante comunitario, «las disposiciones de Derecho penal sobre terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE».
«Es algo que nos tomamos muy en serio, que seguimos muy de cerca, pero de lo que no tenemos nada que añadir en esta fase«, ha zanjado Mousnier, a quien tras su intervención varios eurodiputados del PP, de Ciudadanos y VOX han reprochado que Bruselas no sea más clara y diga si observa con preocupación o no la situación del Estado de derecho en España.
En cuanto a la situación general de la democracia en España, Mousnier se ha limitado a evocar el informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los 27 en el que, en el caso de España, no se identifican problemas sistémicos pero se apunta como cuestión urgente a resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
