La Comisión Europea no aprecia en principio colisión en la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios al quedar salvados los intereses financieros de la UE (los fondos europeos) y omite las referencias a los casos de «lawfare», con lo que entiende que se trata de un asunto nacional cuya evaluación corresponderá a las autoridades nacionales competentes, según las primeras impresiones de sus servicios.
La conclusión no es definitiva, puesto que el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer, ha negado que ya se haya aceptado la amnistía.
En este sentido, apuntan que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un «actor político» en los Estados miembros. Cosa diferente, avisan, es que ese acuerdo PSOE-Junts político que recoge el «lawfare» tenga un desarrollo legislativo.
Con todo, para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control corresponderá a las autoridades competentes, empezando por el Parlamento, que debe tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
