El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió ayer en Bruselas con su homólogo británico, David Cameron, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para poner fin al limbo de Gibraltar por el Brexit. Tras seis horas de reunión, y pese a no llegar a un acuerdo, todas las partes se han mostrado satisfechas: «Han habido importantes avances y áreas adicionales de acuerdo».
Al augurar un pacto más pronto que tarde, el Gobierno de España podría estar saltándose el artículo 94.1 de la Constitución. Y es que, tras consultar con fuentes jurídicas y expertos en el conflicto diplomático sobre Gibraltar, una decisión que involucrase cambios políticos, militares, territoriales y financieros para la nación no podría tomarse sin pasar antes por las dos Cámaras del Parlamento español: el Congreso y el Senado.
«La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar«, dice la propia Constitución española.
Tal y como adelantó Javier Santos en LA GACETA, este acuerdo se traducirá en una mayor pérdida de soberanía para España en el territorio en disputa -en el que viven 300.000 andaluces-. Conocedoras de la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades británicas están dispuestas a consolidar y mejorar sus condiciones mediante tres modificaciones: ampliando de manera paulatina su extensión marítima, incrementando sus sectores productivos como el pesquero (mientras se ha extorsionado a los pescadores andaluces) o aumentando su capacidad de paraíso fisca.
Además, la retirada de la verja tendrá el aspecto simbólico de reconocer la soberanía británica sobre el espacio usurpado. De esta forma, se consumará el proceso iniciado por Zapatero y se perderá la oportunidad brindada por el Brexit de recuperar una colonia que utilizará a España según su conveniencia.
No es la primera vez que Sánchez toma decisiones que involucran a todos los españoles sin consenso. Una de las más sonadas y criticadas fue la de plegarse ante Marruecos y ceder el Sáhara Occidental 46 años después. Este giro histórico contradijo lo acordado con Naciones Unidas y condenó a los saharauis a vivir bajo el yugo de Mohamed VI.
Según el Tratado de Utrecht (1713), por el que Gibraltar fue cedido a Reino Unido, “Inglaterra recibía en depósito la fortaleza, pero no podía entregársela a ningún otro poder político salvo a España, negociando previamente con ella”. Desde las Naciones Unidas, han instado al país anglosajón a devolver el territorio en más de una ocasión; una de las más sonadas, en 1965, durante el régimen franquista. Entonces se celebró una votación que, con 96 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, pidió formalmente a Inglaterra que iniciase negociaciones con España para la devolución de Gibraltar.
