
Los Mossos d’Esquadra han detenido a siete personas y buscan a una octava por su presunta participación en una trama dedicada a empadronar fraudulentamente a inmigrantes en Tortosa (Tarragona) mediante contratos manipulados y domicilios en los que los beneficiarios ni siquiera residían.
El entramado cobraba alrededor de 800 euros por cada alta irregular en el padrón municipal. Algunas de las viviendas utilizadas estaban abandonadas y no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad. La investigación apunta a que el objetivo de los inmigrantes beneficiados era construir una residencia ficticia a efectos administrativos y facilitar trámites relacionados con su permanencia y arraigo en España.
La investigación comenzó después de que el Ayuntamiento de Tortosa detectara irregularidades en distintas altas del padrón y avisara a los Mossos. Los agentes, con la colaboración de la Policía Local, comprobaron los domicilios en los que supuestamente vivían las personas empadronadas. Pronto constataron que varios de los beneficiarios nunca habían residido en esas viviendas.
Algunos llegaron a reconocerlo ante los investigadores. En uno de los casos, el supuesto residente sólo había visto desde el exterior el edificio en el que figuraba oficialmente empadronado. Otras direcciones correspondían directamente a inmuebles abandonados.
Según la investigación, intermediarios contactaban con los inmigrantes y les ofrecían darles de alta en el padrón a cambio de aproximadamente 800 euros. Para superar los controles municipales, la trama utilizaba contratos de alquiler falsificados o manipulados con los que pretendía acreditar que los solicitantes vivían realmente en los domicilios.
Otro indicio que llamó la atención de los investigadores fue que, pese a tratarse de personas distintas, en numerosos expedientes aparecía repetidamente el mismo número de teléfono. Los Mossos consideran que la finalidad era proporcionar a los beneficiarios una dirección ficticia que pudiera utilizarse posteriormente en procedimientos administrativos vinculados a su estancia en España.
El empadronamiento constituye uno de los elementos utilizados para demostrar la permanencia continuada de un extranjero en España en determinados procedimientos administrativos. Por ello, disponer de una residencia ficticia puede convertirse en una herramienta para aparentar un tiempo de estancia o una vinculación territorial que en realidad no existe en los términos declarados.
En este caso, los investigadores sostienen que quienes pagaban por los empadronamientos buscaban precisamente facilitar trámites relacionados con su permanencia y arraigo. La operación vuelve a poner el foco sobre la utilización fraudulenta del padrón municipal dentro de redes que ofrecen a inmigrantes mecanismos para sortear requisitos administrativos mediante documentación falsa.
Los Mossos han detenido finalmente a siete personas, de las que por ahora no se han hecho públicas ni las edades ni las nacionalidades. A los implicados se les atribuyen presuntamente 23 delitos de falsedad documental, estafa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Entre los arrestados figuran tanto inmigrantes que pagaron para beneficiarse del fraude como personas que presuntamente facilitaban los domicilios, falsificaban contratos o acompañaban a los solicitantes hasta las dependencias municipales para completar los trámites. Existe además una octava persona investigada que todavía no ha podido ser localizada.