
La Policía Nacional ha detenido a 16 integrantes de una red china de prostitución y ha liberado a 26 mujeres explotadas sexualmente en una operación conjunta con la Agencia Tributaria desarrollada en seis provincias españolas.
El operativo se ha saldado además con la clausura de once prostíbulos en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, así como con registros en los que los agentes han intervenido dinero en efectivo, armas prohibidas, documentación falsa y abundante material relacionado con la actividad delictiva.
Entre los arrestados se encuentra la principal responsable de la organización, que ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.
Las detenciones se han practicado en varias provincias: cuatro personas en Madrid, otras cuatro en Valencia, tres en Zaragoza, dos en Barcelona, dos en Tarragona y una en Figueres, en la provincia de Gerona.
La investigación ha sido desarrollada por la Policía Nacional junto a la Agencia Tributaria y ha contado con la colaboración de la organización Our Rescue.
La red china captaba a mujeres de origen chino e iberooamericano mediante falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez en España, las víctimas eran sometidas a un sistema de control, vigilancia y explotación.
La organización ofrecía supuestos trabajos como masajistas y estilistas en España. Las mujeres, muchas de ellas en situación de necesidad económica y algunas en situación irregular, aceptaban las propuestas sin conocer la verdadera actividad a la que serían forzadas.
Una vez captadas, eran alojadas en prostíbulos y sometidas a largas jornadas, bajo vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad. Según la investigación, las víctimas sólo recibían una parte de los beneficios después de que la organización considerase saldada la deuda que les imponía.
Para facilitar la entrada de las víctimas en España, la red proporcionaba documentación falsa a mujeres captadas en sus países de origen. Ya en territorio español, les entregaba tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a mujeres en situación regular para que pudieran suplantar identidades en caso de inspecciones o controles policiales en los prostíbulos.
La organización rotaba constantemente a las mujeres entre distintos locales y pisos para mantener el control sobre ellas y dificultar la investigación.
Los investigadores han determinado que el entramado gestionaba al menos once prostíbulos en varias provincias. En algunos casos, los explotadores actuaban con socios y, una vez consolidada una red de locales, la traspasaban a otras personas a cambio de grandes sumas de dinero.
Durante los registros, los agentes han incautado 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales, 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y documentación relacionada con la actividad delictiva.
La investigación también permitió detectar un sistema de ocultación y dispersión de fondos destinado a integrar los beneficios ilícitos en el circuito económico legal. Por orden judicial, se ha acordado el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.
La operación comenzó tras la detección en Zaragoza de un piso en el que mujeres chinas eran explotadas sexualmente. A partir de ahí, las pesquisas permitieron descubrir una organización criminal extendida por distintas provincias españolas.
La actuación policial ha permitido liberar a 26 mujeres y desmantelar una estructura que se aprovechaba de la vulnerabilidad económica y administrativa de sus víctimas para convertirlas en mercancía dentro de un negocio criminal.