La reciente renuncia de Paco Salazar, último hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez, ha sacudido las filas del PSOE tras la aparición de denuncias por supuestos comportamientos sexuales inapropiados hacia compañeras del partido. Mientras desde Moncloa y Ferraz se ha sostenido que estos hechos no eran conocidos oficialmente, varios cargos internos contradicen esta versión y aseguran que las actitudes cuestionables de Salazar eran bien conocidas en su entorno cercano.

Según declaraciones a La Razón de un alto cargo socialista, «sus formas y comentarios inapropiados eran conocidos en el partido», y añadía que incluso se criticaba que seleccionaba a mujeres para sus grupos de trabajo basándose en su físico. En este contexto, el alto cargo socialista ha señalado que «ha habido insinuaciones y acoso, lo cual ya es delito, y sin embargo no se actuó internamente».

Además, hasta finales del año pasado, el protocolo interno contra el acoso del PSOE sólo aplicaba a empleados en nómina, sin incluir a colaboradores o personas vinculadas políticamente. Esta situación cambió en el 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla, donde se aprobó un reglamento más amplio. No obstante, el canal de denuncias digital no estaba visible en la web principal hasta días después de estallar la polémica, dificultando así el acceso a las víctimas.