El exfiscal anticorrupción Carlos Jimenez Villarejo acaba de publicar el libro «Catalunya, mitos y resistencia», sobre los que h habla en esta entrevista, original del sitio web especializado Confilegal.
Carlos Jiménez Villarejo, antiguo fiscal anticorrupción, ha recopilado su experiencia sobre el procés catalán en un libro titulado Catalunya, mitos y resistencias que ha editado El Viejo Topo.
Profesional riguroso, hombre de izquierdas y referente para innumerables juristas, Jiménez Villarejo, que denunció desde la Fiscalía junto a su colega José María Mena el escándalo de Banca Catalana y a Jordi Pujol como principal protagonista, es contundente en sus opiniones sobre la situación: “el procés no ha tenido ni apoyo mayoritario necesario, ni validez jurídica inicial, ni solidez”.
En esta entrevista con Confilegal, repasa lo sucedido en Cataluña y no alberga duda alguna en cuanto a los orígenes de lo que está ocurriendo: “El independentismo tiene su raíz en la corrupción”.
Dice usted que no se sostiene la construcción jurídica del derecho a decidir, ni la pretendida equiparación del procés con los supuestos del derecho de autodeterminación. ¿Cuál es el problema?
Ocurre que se han empeñado en un proyecto de la independencia de Cataluña que implica por tanto la ruptura del marco constitucional derivado de la constitución del 78 que, naturalmente, no incluye ni incluiría nunca el derecho de autodeterminación de las Comunidades Autónomas por mucho que se definan como territorios históricos, en particular los casos de Euskadi o Cataluña.
Este derecho sólo está reconocido en el ámbito internacional por la ONU en la resolución 1514 de 1960 para la emancipación de los países colonizados por las potencias occidentales.
Cuando se ha hecho alguna elucubración sobre la libre autodeterminación de los pueblos, y se refieren a las consultas en Canadá o en Escocia, hay que señalar que en estos casos existían tratados y acuerdos políticos pactados con mucha anterioridad al momento en que se produjeron estas votaciones.
Había por tanto un fundamento jurídico, pero ese fundamento jurídico no existe en España para que ninguna región se pueda separar.
En un trabajo que está a punto de publicar el catedrático de Filosofía del Derecho Juan Ramón Capella, se habla del derecho de libre determinación consensuado, pero siempre sería sobre las bases de unas mayorías muy cualificadas.
Esto significaría que la participación del conjunto de los pueblos que integran ese territorio que quiere emanciparse debería ser de un 80 por ciento y que la votación favorable de la ruptura de ese territorio se tendría que situar entre el 55 y el 60 por ciento de una participación del 80 por ciento.
Muy pocas veces se ha producido una participación de ese grado en unas elecciones.
En resumen, usted señala que “el procés no ha tenido ni el apoyo mayoritario necesario, ni la validez jurídica inicial, ni la solidez precisa para convencer a otros gobiernos u organismos internacionales”. ¿Viven entonces sus protagonistas en una realidad paralela?
Viven en una realidad ficticia. El 23 de enero de 2013 aprueban la declaración de soberanía y es la primera que vez que formalmente partidos como Convergencia y Esquerra, con el apoyo de iniciativa per Cataluña, aprueban una resolución declarando al pueblo catalán como titular de soberanía.
Una resolución que fue suspendida primero y luego anulada por el Tribunal Constitucional y que evidentemente es contraria a los fundamentos de la Constitución.
A partir de ese momento cobra fuerza y en una resolución parlamentaria (323/X de 27 de septiembre de ese año) pretenden trazar el programa, presupuesto y requisitos para que Cataluña alcance en el futuro la independencia.
Y es algo peculiar, teniendo en cuenta que esta resolución parlamentaria se aprueba hace más de 5 años, porque llegan a decir que Cataluña está a punto de decidir su futuro político como pueblo ¡en septiembre de 2013! Mira en qué nivel de ficción se movían y se siguen moviendo para decidir entonces que ya se iba a producir la independencia.
Se traza entonces, por tanto, la base organizativa de lo que desean conseguir.
Efectivamente. Hay un capítulo que definen como “estructura de Estado”, lo que significa que en el año 2013 perfilan las estructuras paralelas, entre ellas el banco de Cataluña, Cataluña Bank.
No olvidemos que se trata de un documento parlamentario.
Aquí se producen contradicciones.
Hablan de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña en virtud del derecho a decidir que nadie sabe de dónde procede pues no está en ningún tratado internacional, lo crearon, y en ese contexto hay dos cosas son preocupantes: la de las “estructuras de estado” o estado paralelo que tienen como objetivo conseguir y el tema del idioma.
Es una resolución de 50 páginas y como reflejo del sectarismo que ha dominado el procés independentista existe un capítulo titulado “Lengua y cultura” en que se aborda este tema enfocado a centros educativos, centros comerciales, a la actividad económica, etc. Particularmente en institutos, colegios, y universidades.
Se omite en este capítulo cualquier referencia al castellano.
Para quien viniera desde fuera y viera este texto, pensaría que el castellano no forma parte de la realidad de Cataluña.
Esto es gravísimo pues significa expulsar y menospreciar a la mitad de la población de Cataluña.
Además, representaba en su momento una violación enorme y sistemática de los artículos 6 y 32 del estatuto de Cataluña, que proclama que el castellano y el catalán son idiomas de Cataluña y que se prohíbe cualquier discriminación entre ciudadanos por razón de la lengua.
Pues resulta que es el Parlamento de Cataluña con su mayoría soberanista el que aprueba un documento en que expulsa el castellano y a todos los ciudadanos que se expresan también en castellano.
Es un documento de una gravedad extraordinaria que incide en la exclusión total del castellano en relaciones personales, escolares, exteriores…
El origen hay que buscarlo en Pujol
Así es. Llevaban una dinámica impulsada desde tiempos remotos por Jordi Pujol y el pujolismo, que es una manera de gobernar de la derecha histórica Cataluña representada en Convergencia Democrática y también entonces por Unión Democrática, que luego se separó de las tesis independentistas.
Son quienes gobernaron los primeros 23 años de Pujol como presidente y luego los primeros años del tripartito con Artur Mas.
Era un partido histórico que ya existía en la República.
El procés soberanista independentista se origina con el pujolismo y se refuerza a partir de Mas con el tripartito.
El pujolismo tiene una carga negativa de corrupción muy fuerte que forma parte de su diseño histórico.
No hay que olvidar que durante el procés, cuando ya está Mas, se descubre el expolio del Palau que alcanza a Convergencia Democrática pero antes de ese escándalo hay un momento histórico que es cuando Maragall interpela a Mas: “ustedes tienen un problema y es el 3 por ciento” que es lo que cobraban por las obras públicas, esto es objeto ahora de un procés que afecta a políticos y empresarios.
Usted siempre apuntó a la corrupción
Es que es el mapa en que se dibuja. Hay un sustrato nacionalista que surge con Pujol y luego bajo la presidencia de Mas ese nacionalismo se va progresivamente reconvirtiendo en una apuesta por el independentismo que tiene su raíz en la corrupción que inunda a Convergencia Democrática de Cataluña.
La finalidad es tapar todos los elementos de corrupción que afectan al partido gobernante sin obviar problemas menores relacionados con la financiación autonómica que no hubieran justificado por si mismos el fenómeno independentista.
Un momento crucial es el de las elecciones de septiembre de 2015, que se hacen con finalidad plebiscitaria y a las que van unidos Convergencia, ERC, etc., para promover la opción independentista a fin de romper con el Estado español e incluso con los tribunales españoles y a la vez garantizar la impunidad de Convergencia Democrática, que se ve afectada por la corrupción.
Y usted señala que hay “trampa” en cuanto a la mayoría parlamentaria
En esas elecciones de 2015 ganan por justita mayoría parlamentaria.
Hablamos de una comunidad autónoma que tiene la posibilidad de aprobar una ley electoral propia (como Euskadi) pero que nunca lo ha hecho porque a la derecha catalanista le favorece el sistema electoral de la ley española por el porcentaje D`Hont. Como las mayorías parlamentarias son cortas y nunca se corresponden con una mayoría social y se quedan en un 40 y 45, por la ley D´ Hont el voto rural de Gerona y Lleida les favorece mucho, les duplica los resultados y no se corresponde con el principio electoral de “una persona, un voto”.
Claro, ni se plantean una ley electoral más justa en el sentido de propiciar una mayor proporción entre el voto y el escaño.
Curiosamente en el documento parlamentario de septiembre de 2013 que he citado antes, decían que se apostaba por la aprobación de una ley electoral “que mejorara la calidad democrática de nuestro sistema”.
Es evidente que no lo han hecho porque ya les va perfecta la aplicación de la ley electoral española. Les lleva a tener unos diputados y senadores que en relación más equitativa entre voto y escaño no conseguirían ni alcanzarían una mayoría.
Es una de las contradicciones que arrastran y de la que no quieren hablar. Es un modo mentiroso de hacer política.
No hablan de mayoría social cuando hablan de mayoría parlamentaria.
¿Cuál es el papel de la CUP?
En las elecciones de 2015 la CUP, que se autodenomina anticapitalista pero se entiende perfectamente con los partidos capitalistas, cuando Convergencia y Esquerra ganan en coalición con su apoyo, a partir de ahí la CUP se niega a que salga Artur Mas y optan por Puigdemont.
Este hombre tenía experiencia como concejal del ayuntamiento de Girona pero no para ser el presidente de los siete millones y medio de catalanes.
Nombran a una persona que no tiene legitimidad democrática y que es un radical, y que hoy vive ahora cómodamente en Waterloo, huido de la justicia.
Entran en juego entonces ANC y Omnium
Sí, porque a partir de ese momento, a principios de 2016 se acentúa el impulso del procés independentista con múltiples resoluciones parlamentarias.
Aquí hay algunos factores a resaltar. Se establece una alianza impía entre Gobierno, Convergencia y Ezquerra con apoyo de la CUP que nunca está en el Gobierno y apoya desde fuera. Al tiempo con una coalición que se forma con dos asociaciones civiles y carentes por tanto de legitimidad democrática, que son Omnium cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC). Del mismo modo podrían haberlo hecho con dos asociaciones de vecinos.
Y lo que no puede ser es que llegaran a hacer declaraciones conjuntas con el Gobierno cuando nadie las había elegido. Me parece una farsa y una forma de ejercer el poder político de forma arbitraria incorporando a instituciones a asociaciones no electas.
Lo considero grave. Con ellos aprueban determinadas resoluciones, la independencia, la desconexión con el pueblo español… en documentos en que afirman de forma contundente que no respetarán las decisiones del Estado español o las incumplirán y no excluyen episodios de violencia que pudieran producirse en el procés hacia la desconexión.
Mantiene usted que se da por tanto una ausencia de legitimidad
Es así porque el procés va avanzando de forma progresiva y está asesorado por un órgano no previsto en el Estatuto, que es el Consell asesor de la transición nacional.
Ese órgano no previsto ha sido el asesor mucho antes del 2016, se creó poco después de la declaración de soberanía de 2013 y ha sido el que ha venido marcando las pautas ideológicas y dibujando la estrategia hacia un nuevo estado. Sin olvidar que se creó a principios de 2013 y se disolvió con la aplicación del artículo 155 a finales de octubre de 2017, que son muchos años.
Durante ese periodo se gobernaba con instituciones ilegales.
Ojo, no hablamos de cuatro enloquecidos, es un procés diseñado y planificado y en su momento se constituye en 2017 un comité estratégico que marcaba los pasos que se iban dando hasta las sesiones parlamentarias de 6 y 7 de septiembre de 2017.
¿Hubiera sido diferente de haber intentado el diálogo el Gobierno de Mariano Rajoy?
Entiendo que Mariano Rajoy no era el candidato óptimo para entablar negociaciones con un gobierno que violaba directamente el Estatuto de autonomía o con un Consell Asesor no previsto en el Estatuto.
Tenía un papel difícil Rajoy establecer el diálogo con un gobierno que acumulaba ese cúmulo de infracciones legales y mentiras políticas a su pueblo, aunque alguna vez hayan apelado al diálogo, tiene más de discurso político que otra cosa.
No tenían ningún interés. En un artículo publicado en El País de marzo de 2017 firmado por Junqueras y Puigdemont vienen a decir que tienen un plan para la desconexión y que cuentan con una mayoría aplastante de la sociedad catalana.
Es evidentemente mentira, lo más que han conseguido fueron los resultados del 21 de diciembre de 2017 en los que alcanzaron el 47 por ciento, siempre según la ley electoral española. Pero ellos hablan permanentemente de una mayoría aplastante. Y cuando se refieren al diálogo con el Gobierno saben que es un Gobierno del PP.
Y no han tenido voluntad de diálogo.
La ley de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad hacia la república se aprueba por mayoría justísima en el Parlamento y en una situación muy tensa.
No participa Cataluña en Comu Podem.
Coscubiela, militante de Iniciativa per Cataluña se gana el respeto por su ruptura al no permitirse el debate.
Nos encontramos con un Parlamento que aprobaba las leyes por un sistema directamente calificado de antidemocrático o autoritario.
La oposición no tuvo ocasión de debatir las leyes decididas de manera unilateral e inflexible. Ese es el avance de la declaración de independencia unilateral del 17 de octubre que condujo a la aplicación del artículo 155.
En cuanto a los sucesos que afectan a la justicia, usted destaca lo ocurrido en la Consejería de Economía.
Efectivamente, porque el día 20 de septiembre el Juzgado de Instrucción número 13 que había iniciado acciones contra el procés acordó medidas que resultaron primordiales para la causa que se empieza a ver en el Tribunal Supremo.
Se llevó a cabo una concentración masiva a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda donde se incautaron documentos muy importantes.
Estas personas que protagonizaron la concentración estaban siendo dirigidas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, había un clima de entusiasmo y de enaltecimiento bajo la dirección de estos dos dirigentes civiles.
Se originó entonces un conflicto a la comisión judicial a la que impedían salir del edificio viéndose obligados a hacerlo por la parte de atrás.
Siempre recordaré las palabras de la letrada de justicia que dijo haber sentido “terror, indignación y vergüenza”.
Porque había sido una situación de oposición radical a una diligencia ordenada por un juez en unas condiciones de una extrema agresividad con una muchedumbre rodeando el edificio y con Cuixart que llegó a gritar “no pasarán”.
Y todo lo ocurrido: vehículos de la guardia civil destrozados; unos días después una manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia, que había ordenado algunas detenciones.
El exfiscal Carlos Jiménez Villarejo durante la lectura de un manifiesto en un acto de Societat Civil Catalana, celebrado en Barcelona.
Llegamos así al 1-O
El 1-0 fue una consulta que no contenía ninguno de los requisitos de la Ley de Referéndum del Estado español, que es la única existente.
Se había aprobado una ley de consultas populares durante el gobierno tripartito y el 9 noviembre de 2014 se produjo la consulta en que se plantea un pseudo referéndum que prohíbe el Tribunal Constitucional – primero lo suspende y luego lo anula.
Lo convierten entonces en una consulta popular, prácticamente en una encuesta. Todo era puro voluntarismo, no había ni urnas, ni control, ni base legal de quien o no votaba o donde o que se votaba. Fue una consulta antidemocrática.
Ellos dedujeron unos resultados completamente irregulares y ficticios y concluyeron que más o menos dos millones de personas habían votado a favor. Tuvo una dimensión importante: Mas y otros dos consellers fueron juzgados y condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia al Tribunal Constitucional.
Como usted ha señalado en otra entrevista a Confilegal, la situación para el poder judicial no era fácil
Es que hay que pensar que se producían protestas permanentes de la gente ante el Tribunal (lo que suponía una coacción) y en ese contexto es cierto que se produce un hecho insólito que marca la pauta de la respuesta del poder judicial ante las denuncias de los independientes.
Es lo que dijo el fiscal Emilio Sánchez Ulled cuando Artur Mas calificó el juicio como una “anomalía democrática”.
Ulled le contestó: “Señor Mas, este juicio es también democracia”. Todo eso ha habido que aguantar, sí. El Tribunal Supremo, después, ratificó la condena.
También intervino el Tribunal de Cuentas
La consulta tuvo un coste económico para pagar toda la infraestructura necesaria para realizarla. Unos cinco millones de euros aproximadamente.
Entre otras, cosas se firmó un contrato de responsabilidad civil con AXA por los daños que pudieran sufrir los voluntarios que acudieran a participar en consulta. Esto llevó a la condena del Tribunal de Cuentas.
¿Considera que hubo violencia?
Cuando niegan el carácter violento de aquel referéndum del 1 O es falso. No es cierto.
Hubo -no lo niego- un posible exceso de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se desplazaron a Cataluña para garantizar que no se realizara un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello se llevó a cabo con el apoyo de los mossos que no impidieron que se celebrara un pseudo referéndum ilegal.
Las Fuerzas de Seguridad estaban allí para contrarrestar la pasividad de los mossos. Pero creo que se podría haber evitado porque eso generó un conflicto con niveles de violencia importantes. La Fiscalía, en su acusación, formula que entre los ciudadanos hubo cuatro heridos graves.
Y otra persona sufrió una lesión en un ojo a causa de una pelota de goma. Se provoca porque el Gobierno catalán impone el referéndum, aunque los mossos rogaron que no se hiciera por la violencia que se podía generar. Pero además la Fiscalía reseña nombres y apellidos de los 23 miembros de la Guardia Civil y de la Policía que resultaron lesionados por lanzamiento de objetos.
Cuando hablan de que no ha habido violencia durante estos meses, sí que la ha habido, en algún momento propiciada o favorecida y consentida por el Gobierno de la Generalitat. Negar eso es negar la realidad, negar los datos de que ya se dispone.
Al mismo tiempo, en referencia a la discusión de los juristas, hay que decir que el concepto que se menciona de violencia para la rebelión no es la rebelión armada de Primo Rivera, de julio del 36, o la de Tejero, ahí si se produjo tal concepto. Esto no ha ocurrido aquí pero sí se fomenta el clima de violencia,como ocurre con la amenaza y la coacción, términos que siguen empleando hoy.
¿Se refiere a las actuaciones de los CDR?
Los CDR son ciudadanos que en algún momento han sido alentados para actuar por el propio presidente de la Generalitat y esa acción sigue siendo una forma de violencia.
La interrupción del tráfico significa impedir el derecho constitucional de la libre circulación personas y se encuentra además en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 que está siendo vulnerada.
Ahí Torra se cubrió de gloria cuando clamó “apreteu”.
Algo ha habido en esta interrupción de las vías, ¿Por qué los mandos no ordenaron a sus fuerzas que lo impidieran?
Hay un delito en el Código Penal que es el de omitir actuar en un delito que se está cometiendo.
¿Por qué no actuaron los mandos?
No sólo cortaron las carreteras, también las vías del AVE, ante la pasividad de los mandos… eso significa lesión a un derecho y coacción. Si la Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado una investigación es que es obvio: tenía que hacerlo. Recuerde cuando se juntan los miembros de esta organización ante los juzgados de Gava pintando “¡que tremolin! (¡que tiemblen!) ¡aixo es una guerra!”.
Es muy grave, están amenazando de agresión y muerte.
No se puede pasar esta página así como así, no es un libro de texto, es una realidad comprobada. Me remito a un excelente trabajo Rebelión y traición: los diablos familiares de Europa y la euro orden, del penalista Luis Arroyo Zapatero
Mientras tanto ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Considera que hay un sector de la sociedad catalana que se encuentra “secuestrado”?
Verás, una amiga me llamó hace poco: “no puedo más, no me hablan mis hijos…”.
Esto es un puro disparate. No, la mayoría de la sociedad catalana no está secuestrada, está marginada. Comprometidos de verdad con la independencia puede haber medio millón de personas, pero somos siete millones y medio.
¿Hay hastío?
Claro que lo hay. En el año 2013 Cataluña estaba “a punto de decidir su futuro” y en 2019 no hay ni perspectiva. La gente se cansa. Unos se cansan y otros se dan cuenta de que es un puro engaño. Es inviable y en el supuesto de un referéndum la mayoría sería aplastante contra la separación.
Pero hacer un referéndum de ese tipo supone llevar a cabo una fractura evidente de la sociedad.
Y ocurre que hemos entrado en una etapa de incertidumbre, porque Sánchez está intentando buscar una vía de acuerdo pero es difícil. Los comunes no tienen una actitud clara. Igual le ocurre al PSC.
Están ahí con ambivalencia. Y creo que Pablo iglesias debería ser más contundente.
Fiel a sus orígenes, menciona Carlos Jimenez Villarejo en la introducción de su libro unas palabras datadas en 1980 de Antonio Gutiérrez Díaz que fue secretario general del PSUC y vicepresidente de Parlamento Europeo, a lo que debe ser el catalanismo, confrontando la visión progresista con la de la derecha.
“La Catalunya de hoy es la Catalunya de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase. (…) no debemos caer en la trampa de dejarla en manos de aquellos que la quieren para disimular que las tienen sucias…”.
Y añade como conclusión: ¡Qué gran actualidad tienen estas palabras! No podemos tolerar que el nacionalismo catalán o español –son muy similares por más que traten de ocultarlo– avance en franco y gravísimo perjuicio de las clases populares”.
