Carmena asegura que el dictamen el Tribunal Constitucional no califica el referéndum separatista de ilegal.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado su discrepancia con la decisión judicial de suspender un acto en favor del «derecho a decidir» en un edificio municipal, que «por supuesto acepta y acata», y ha reivindicado los «derechos fundamentales» como el de libertad de expresión y reunión.
La regidora se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Cibeles, preguntada por los periodistas por la suspensión cautelar de la cesión de un local del Ayuntamiento de Madrid para la celebración de un acto a favor del referéndum ilegal de Cataluña el próximo domingo.
El Ayuntamiento de Madrid, según ha dicho la alcaldesa, suspende de forma definitiva el acto pero presentará alegaciones a la decisión judicial. En ese sentido, Manuela Carmena ha expresado su confianza en que cuando el juez José Yusty -del juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid- «escuche» al Consistorio, «tenga en cuenta» sus razonamientos y ha pedido a los periodistas distinguir entre la suspensión de la ley del referéndum y un acto que, según la petición registrada en el Ayuntamiento, iba a hablar «del derecho a decidir».
Pero según la regidora hay argumentos para criticar esta decisión, puesto que «la solicitud era anterior a que se hubiera dictado la suspensión» y que el dictamen el Tribunal Constitucional no califica el referéndum separatista de ilegal, sino que lo suspende.
Que Carmena, siendo jueza, diga que un acto inconstitucional no es ilegal… Eso es de 1º de derecho. https://t.co/51Zrj12O8P
— PP Comunidad Madrid (@ppmadrid) 13 de septiembre de 2017
«El referéndum no es ilegal. Lo único que se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional es que se suspende la ley del referéndum en Cataluña. Pero los peticionarios para que les cediéramos este espacio lo único que pedían era hablar del derecho a decidir. De carácter general, en absoluto referido al referéndum», ha añadido.
En el auto de suspensión cautelar, el juez indica que la cesión del local implica «favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (…) y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española».
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