Un total de 295 personas se acogieron a la eutanasia en España en 2022, aunque con una «gran disparidad» de implementación entre las comunidades autónomas, según las cifras que ha presentado este jueves la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
La Ley de la Eutanasia entró en vigor en España hace dos años, el 25 de junio de 2021. Desde entonces, DMD ha recogido toda la información posible para evaluar su puesta en práctica, identificar fallos y aciertos y proponer caminos de mejora.
Según los datos de DMD, se han realizado 370 eutanasias entre junio de 2021 y diciembre de 2022. De acuerdo con sus cálculos, «probablemente más de 1.000 la solicitaron».
«Es una buena noticia y la constatación de que era una norma necesaria. Es de esperar que la cifra crezca en los próximos años, a medida que este derecho se consolide entre la ciudadanía y mejore la respuesta de los servicios sanitarios», han resaltado los portavoces de DMD Fernando Marín y Fernando Sanz en rueda de prensa.
Así, en 2022, la eutanasia supuso menos del 0,07 por ciento del total de fallecimientos anuales en España. Este porcentaje, tal y como han recordado, está «muy alejado» del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado, donde representa entre el 1 y el 4 por ciento del total de defunciones.
«La implantación va despacio con respecto a otros países cercanos al nuestro que legislaron antes. Pero lo importante es que tenemos el derecho, no importa tanto la cantidad. Siempre será una forma minoritaria de morir. La propia Ley la define como una excepción», ha comentado Fernando Sanz.
Según el primer informe del Ministerio de Sanidad, publicado en febrero pero referido al periodo entre junio y diciembre de 2021, 32 personas fallecieron mientras tramitaban su solicitud de eutanasia. Murieron, en promedio, 31 días después de empezar el proceso.
En este mismo informe se recoge que hubo 28 solicitudes que nunca llegaron a la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia (CGE). Se denegaron 25 solicitudes. Hasta siete personas interrumpieron la tramitación de su eutanasia.
El porcentaje en España, sin embargo, no es homogéneo entre comunidades. Mientras que en Navarra, Cataluña, La Rioja o País Vasco se practicó más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (>0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01 por ciento.
En concreto, de las 295 eutanasias practicadas en España en 2022, 13 se produjeron en Navarra (0,206% de los fallecimientos); 91 en Cataluña (0,128%); cuatro en La Rioja (0,115%); 24 en País Vasco (0,101%); seis en Cantabria (0,085%); 38 en Madrid (0,076%); nueve en Asturias (0,064%); seis en Baleares (0,063); diez en Canarias (0,053%); ocho en Aragón (0,052%); 26 en Comunidad Valenciana (0,051%); ocho en Castilla-La Mancha (0,038%); 29 en Andalucía (0,036%); diez en Castilla y León (0,031%); tres en Extremadura (0,024%); ocho en Galicia (0,022%); y dos en Murcia (0,015%).
Para DMD, esta es «una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales». Por ello, desde DMD sospechaban que estas diferencias entre CCAA se debía más bien a falta de accesibilidad e implementación. A través de un estudio, han comprobado «grandes desigualdades» entre comunidades autónomas y sugiere que algunas han hecho «un mejor trabajo de implantación» de la Ley.
Entre los casos individuales conocidos por DMD, algunas dificultades destacan entre las demás por su frecuencia o su gravedad. Por ejemplo, han comprobado que se ha producido en algunas ocasiones «falta de colaboración de las entidades privadas» que «no han dado respuesta a solicitudes de eutanasia recibidas».
Igualmente, a veces se ha producido un «mal manejo de la objeción de conciencia». «La obligación de todos los médicos es recoger cualquier petición de eutanasia que se les presente, firmarla y tramitarla. En caso de ser objetores de conciencia, deben informar de esta condición a su paciente y remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Tenemos constancia de casos de médicos que se niegan a hacerlo, así como de plazos excesivos para designar un profesional alternativo», han detallado los expertos de DMD.
