Un total de 286 extranjeros en prisión preventiva ha solicitado acogerse a la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo plazo concluyó el pasado 30 de junio. Instituciones Penitenciarias no ha aclarado cuántos de estos internos están acusados de delitos graves, según una respuesta remitida a Okdiario.

El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, dependiente del Ministerio del Interior, sostiene que resulta imposible determinar la gravedad de las conductas atribuidas a los solicitantes porque todavía no existe una sentencia firme.

«Habida cuenta de que los internos solicitados se encuentran en prisión provisional, resulta imposible determinar la actividad delictiva y la gravedad del delito, toda vez que la actividad incriminatoria y probatoria se ventila en el proceso penal», señala Instituciones Penitenciarias.

Prisiones añade que en su sistema sólo consta como dato objetivo el auto de prisión provisional y que la calificación de los delitos puede variar durante el procedimiento. Los centros penitenciarios con más solicitudes son los de Murcia, Castellón y Alicante.

La ausencia de una condena permite a estos internos concurrir al proceso. Al encontrarse en prisión preventiva, todavía no han generado los antecedentes penales derivados de los delitos por los que permanecen encarcelados y a la espera de juicio.

Acusados de delitos graves entre los interesados

OKDIARIO ya había informado de varios extranjeros detenidos por delitos graves que se habían interesado por la regularización. Entre ellos figuran presos marroquíes acusados de difundir propaganda yihadista en las redes sociales y ciudadanos bolivianos investigados por narcotráfico, delitos que podrían comportar penas de hasta doce años de cárcel.

Otro caso conocido es el de un argelino de 33 años que se encontraba en situación ilegal y fue detenido a principios de junio en Málaga por presuntos delitos de agresión sexual y lesiones contra una joven de 19 años.

Según la información publicada, el hombre trató de besar y abrazar a la joven. Ante la negativa de ella, la propinó un fuerte puñetazo que la derribó y la dejó inconsciente. La víctima sufrió una fractura nasal y orbital, además de varios hematomas en el rostro, por lo que necesitó atención médica inmediata e ingreso hospitalario.

Los antecedentes no implican una denegación automática

Los extranjeros que aspiraban a beneficiarse de la regularización debían presentar un certificado de ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, el real decreto establece que «la existencia de antecedentes no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».

La decisión recaerá en el personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y no en la Policía. Sus funcionarios deberán valorar de forma individual si cada solicitante «representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública».

Este diseño provocó discrepancias dentro del propio Ejecutivo. El Ministerio del Interior reclamó que el informe policial tuviera carácter vinculante o que, al menos, correspondiera a este departamento decidir qué efecto debía tener sobre la concesión de las autorizaciones.

La Administración dispone ahora de un plazo de tres meses para resolver los expedientes. La presentación de una solicitud no implica, por tanto, que la regularización haya sido concedida.

Tras la aprobación del decreto, Instituciones Penitenciarias ordenó a los centros facilitar a los presos extranjeros en situación preventiva la información y los trámites necesarios para acogerse al procedimiento.

La instrucción reclamaba difundir el contenido del real decreto mediante «los tablones de anuncios modulares, bibliotecas o escuelas», además de elaborar trípticos para facilitar su «lectura y comprensión».

Los educadores de las cárceles debían asesorar a los internos para cumplimentar las solicitudes, con la asistencia de los juristas de cada centro. Prisiones también ordenó prever apoyo lingüístico, incluso mediante otros internos que conocieran el idioma del solicitante, y entregar con la mayor rapidez posible toda la documentación requerida.

En total, 1.174.000 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización masiva aprobada por el Gobierno sin una votación específica en el Congreso. Más de la mitad de las peticiones ya han sido admitidas a trámite.