El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado instrucciones a las cárceles españolas para facilitar la «regularización» de presos extranjeros, en una decisión que amplía el alcance del polémico proceso migratorio impulsado por el Ejecutivo.
La medida, que no ha sido anunciada públicamente, figura en una comunicación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en aplicación del Real Decreto aprobado el pasado 14 de abril. En ella se insta a los centros penitenciarios a identificar a los internos extranjeros susceptibles de regularización y colaborar activamente en la tramitación de sus solicitudes.
El documento, firmado por el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente Cuenca, obliga en la práctica a las prisiones a implicarse en tareas administrativas ajenas a su función habitual, reforzando la coordinación con oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno.
El Ejecutivo justifica la decisión en la necesidad de evitar que los internos queden en situación ilegal tras cumplir condena, aunque la medida afecta a un colectivo especialmente sensible: más del 30% de la población reclusa en España es extranjera, superando las 15.000 personas, en su mayoría procedentes del norte de África.
La iniciativa ha generado un fuerte malestar entre los funcionarios de prisiones. El sindicato TAMPM denuncia que la Administración actúa con «celeridad» para favorecer a los internos mientras mantiene «silencio» ante las reivindicaciones laborales del personal penitenciario, como la mejora de condiciones o el reconocimiento como agentes de la autoridad.
