El Gobierno de Pedro Sánchez pretende ampliar de forma masiva el cuerpo electoral mediante la concesión acelerada de la nacionalidad española a millones de personas en el extranjero, en lo que diversas fuentes parlamentarias interpretan como una maniobra política ante la falta de apoyos internos suficientes.
Bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos», el Ejecutivo ha facilitado que descendientes de exiliados de la Guerra Civil y del franquismo, así como hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros, hayan podido acceder directamente al pasaporte español. Este mecanismo, cuyo plazo finalizó el 22 de octubre de 2025 tras una prórroga, ha generado un volumen de solicitudes sin precedentes.
Las cifras reflejan la magnitud del proceso. Hasta finales de febrero, se habían registrado 2.560.193 peticiones, de las cuales ya se han resuelto 538.329 expedientes. De ellos, 531.297 han sido aprobados frente a apenas 7.032 denegaciones, lo que supone una tasa de aceptación cercana al 98%. Si esta tendencia se mantiene, el número total de nuevos ciudadanos podría superar con holgura los 2,5 millones.
Desde la oposición, VOX denuncia la falta de transparencia del Ejecutivo. Aseguran haber solicitado reiteradamente datos detallados sobre las concesiones sin obtener respuestas claras por parte del Gobierno, que, según sostienen, evita concretar el alcance real del impacto electoral de estas nacionalizaciones.
La diferencia clave respecto a otros procesos migratorios reside en los derechos políticos inmediatos. A diferencia de quienes obtienen permisos de residencia mediante regularizaciones —que deben esperar años para acceder a la ciudadanía—, los beneficiarios de esta ley adquieren directamente el derecho al voto una vez inscritos en el Registro Civil. De los expedientes ya aprobados, cerca de 292.944 personas han completado este trámite, lo que les habilita para participar en futuros comicios sin restricciones.
No obstante, el potencial efecto electoral presenta matices. Entre los nuevos nacionales hay menores de edad y personas de avanzada edad, lo que limita su peso inmediato en las urnas. Además, fuentes diplomáticas subrayan que la mayoría no busca implicarse en la política española, sino aprovechar las ventajas de poseer un pasaporte europeo que facilite la movilidad y el acceso a oportunidades laborales dentro del espacio Schengen.
En caso de que estos ciudadanos permanezcan fuera de España, su incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes podría alterar significativamente su volumen. En las elecciones generales de 2023, este censo superaba los 2,28 millones de electores, aunque con una participación muy reducida, en torno al 8%. Aun así, el voto exterior ya ha demostrado ser determinante en la asignación de escaños en varias convocatorias recientes.
La procedencia geográfica de las solicitudes revela una clara concentración en Iberoamérica. Argentina lidera con diferencia el número de expedientes favorables, superando los 233.000. Sólo en sus consulados de Rosario y Córdoba se han tramitado más concesiones que en países completos como Cuba, que ocupa el segundo lugar. También figuran en el listado otros Estados latinoamericanos, mientras que fuera de esa región apenas destacan Francia y Estados Unidos.
El volumen de solicitudes fue tal que obligó a habilitar sistemas telemáticos adicionales para evitar el colapso de las oficinas consulares. Más de 1,17 millones de peticiones se realizaron de forma presencial y cerca de 1,39 millones a través de plataformas digitales.
