Lo que hemos visto en Francia este fin de semana, después del partido de fútbol entre el París Saint-Germain y el Arsenal, es el ejemplo más elocuente posible del fracaso del modelo migratorio europeo. No es la primera vez que pasa. De hecho, lo insólito habría sido que no pasara. Tampoco es la primera vez que el asunto salta a esta columna. No hace demasiado tiempo tratábamos de explicar el fenómeno con el ejemplo del Benito Cereno de Melville: esa historia de un barco negrero donde los esclavos se rebelan y apresan a la tripulación. Sólo la tripulación sabe mantener el barco a flote (por eso salvan sus vidas), pero el poder lo tienen ahora los esclavos y no dejan de manifestarlo en cuanto pueden, y violentamente, para que nadie olvide quién manda aquí. Francia está secuestrada por la violencia multicultural como el Benito Cereno quedó secuestrado por los cautivos. Casi mueve a misericordia ver cómo numerosos analistas se obstinan en permanecer ciegos, en cerrar los ojos a la evidencia: hablan de la violencia del fútbol, de la desesperanza de los barrios periféricos, de la cultura de la inmediatez y de no sé cuántas cosas más, a cada cual más extravagante, con tal de no reconocer la evidencia, a saber, que aquí hay una sociedad rota y que nadie sabe cómo arreglar el desaguisado.
Una sociedad puede vivir manteniendo en su seno a un amplio grupo de gente desinteresada del bien común; eso puede arreglarse con educación. Una sociedad también puede vivir albergando en su interior grupos más o menos amplios de personas violentas o vandálicas; eso puede arreglarse con reeducación, es decir, con una ley coercitiva. Pero una sociedad no puede sobrevivir si dentro de ella han surgido microsociedades, léase tribus, de origen extranjero amalgamadas en torno a la hostilidad abierta hacia el país que las cobija. Eso sólo puede arreglarse con la remigración de esa gente. Lo que hemos visto en París, Angers o Toulouse es, una vez más, una expresión elemental de odio hacia la sociedad que ha dado a esas muchedumbres una educación, unos servicios sanitarios, con frecuencia unos alojamientos, también subsidios y otras de las innumerables ventajas del Estado del Bienestar, y que sus beneficiarios no han recibido como un generoso don, sino como una suerte de compensación histórica a la que tienen derecho por no ser de aquí, por ser de fuera; más aún, se sienten legitimados para devolver mal por bien, para responder con una violencia desquiciada al complejo de culpa de la sociedad occidental, precisamente porque han venido aquí. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender por qué no se van: si tan a disgusto están, sería lógico esperar que se marcharan, que volvieran a los países de donde salieron, pero eso es precisamente lo último que harán, porque lo que les mueve, lo que les une, lo que les hace comunidad, es la convicción de estar ejecutando una venganza histórica. Y la seguirán ejecutando todos los días, hasta que ya no quede piedra sobre piedra.
Nadie quiere escuchar esto, pero el hecho es que ahora ya no hay ninguna solución que no sea traumática. No es posible integrar a unas comunidades construidas en torno a la idea de que no se deben integrar. Y si no es posible integrarlas, entonces no queda otra opción que expulsarlas, salvo que queramos ver cómo las ciudades europeas se convierten progresivamente en una especie de Haití a gran escala. Detener cualquier nueva inmigración, como ya ha dejado caer (a buenas horas…) el ministro Darmanin. Expulsar lo antes posible a los que han entrado de manera ilegal. Facilitar el retorno de los demás. Y extremar los requisitos legales para la permanencia en suelo europeo de quienes deseen quedarse. No hay ya otra solución. Y cuanto más tarde en aplicarse, más traumática será.
En España aún estamos a tiempo de evitar lo peor. La solución la tiene en su mano el Tribunal Supremo: frenar la regularización masiva que alientan Sánchez, la patronal y los obispos. Si no lo hace, él será el principal responsable de que nuestras calles, mañana, ardan como lo hacen hoy las de Francia.
