Cada vez son más las personas que viven o se benefician de una prestación no contributiva por parte del Estado. Es decir, ayudas públicas que pueden recibirse sin haber acumulado previamente las cotizaciones necesarias al sistema. Dentro de este grupo de subsidios, uno de los que concentra a un mayor número de beneficiarios es el subsidio por desempleo, que en la actualidad perciben cerca de un millón de personas en España.

Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social adelantados por Libremercado, correspondientes al mes de enero, indican que 797.065 ciudadanos están cobrando este subsidio. Se trata de una prestación distinta del paro contributivo habitual, ya que no exige haber cotizado el tiempo suficiente para acceder a esa ayuda, aunque algunos beneficiarios sí hayan trabajado anteriormente durante períodos demasiado cortos para generar ese derecho.

El grupo más numeroso entre quienes perciben el subsidio lo forman las personas mayores de 52 años, con 465.808 beneficiarios. A esta cifra se suman otros 153.424 ciudadanos que lo reciben tras haber agotado previamente la prestación contributiva por desempleo.

También hay 126.055 personas que acceden a esta ayuda porque su historial laboral no alcanza el mínimo de cotización exigido para el paro ordinario. A ellos se añaden colectivos más reducidos, como 2.323 emigrantes retornados, 1.217 personas que han salido de prisión, 110 trabajadores declarados plenamente capaces o con incapacidad parcial, un beneficiario catalogado como fijo discontinuo y 16 perceptores del subsidio extraordinario por desempleo.

El listado de perceptores incluye además a 13.074 víctimas de violencia de género o sexual que reciben esta prestación, así como a otras 35.037 personas que se benefician del complemento de apoyo al empleo.

En cuanto a la cuantía económica, el subsidio se calcula a partir del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para quienes acceden a la ayuda por agotamiento del paro contributivo, por insuficiencia de cotización, por retorno del extranjero o por su condición de víctimas de violencia, el importe se reduce progresivamente con el paso del tiempo.

Durante los primeros 180 días se perciben 570 euros mensuales, equivalentes al 95% del IPREM. Entre el día 181 y el 360 la cantidad baja a 540 euros al mes, el 90% del indicador. A partir del día 361 y hasta que finaliza el derecho a la ayuda, la prestación queda fijada en 480 euros mensuales, el 80% del IPREM.

En el caso concreto de los trabajadores mayores de 52 años, el importe permanece constante durante todo el período reconocido: 480 euros mensuales, también equivalentes al 80% del IPREM.

Si estas casi 800.000 personas que reciben el subsidio por desempleo se suman a quienes ya perciben otras prestaciones no contributivas —como el Ingreso Mínimo Vital, las rentas mínimas de inserción o las pensiones no contributivas—, el número total de beneficiarios supera ampliamente los cuatro millones de personas. Hace apenas unos días se estimaba que más de 3,2 millones ya vivían gracias a alguno de esos programas de asistencia.

El resultado es que una parte significativa de la población depende actualmente, de forma directa o indirecta, de ayudas públicas que no requieren cotización previa. Para algunos analistas, este dato contrasta con la imagen de fortaleza económica que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta proyectar sobre la economía española. Según esa visión crítica, el elevado volumen de beneficiarios de este tipo de prestaciones reflejaría más bien las debilidades estructurales del mercado laboral y del sistema productivo.