Cuando se cumplen seis meses del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), considerado una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha denunciado el «desamparo y la parálisis» institucional que, a su juicio, continúan sufriendo los afectados desde el siniestro en el que fallecieron 46 personas, 28 de ellas residentes en distintas localidades de la provincia de Huelva.
El presidente de la asociación, Mario Samper, ha asegurado que la ausencia de avances en la investigación está agravando el impacto psicológico sobre los supervivientes y los familiares de las víctimas mortales. En este sentido, ha reclamado que la investigación del accidente ferroviario avance con la mayor celeridad posible para evitar que el procedimiento judicial se prolongue durante años.
Samper ha advertido de que otras asociaciones de víctimas de catástrofes ferroviarias han afrontado procesos judiciales que se han extendido durante más de una década, un escenario que, según ha señalado, genera una profunda inquietud entre las familias. «Necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible», ha afirmado.
La asociación también critica la ausencia de responsabilidades políticas y técnicas tras el siniestro. En este contexto, recuerda que remitió un escrito al Consejo de Ministros y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que solicitaba la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que el Gobierno pudiera garantizar la seguridad del servicio ferroviario nacional mediante la implantación de medidas suficientes para proteger a los usuarios.
Según Samper, la respuesta del Ejecutivo se ha limitado a intervenciones públicas de responsables institucionales defendiendo el sistema ferroviario, sin asumir responsabilidades ni anunciar reformas estructurales. «Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento», ha lamentado.
En el ámbito de las indemnizaciones, los afectados sostienen que persiste una notable falta de información. Aunque Renfe ya ha consignado en los juzgados de Montoro una cantidad destinada al pago de las futuras compensaciones, la asociación asegura desconocer los criterios utilizados para calcular su reparto. A juicio de Samper, las indemnizaciones para las víctimas de Adamuz responden a estimaciones «a todas luces incongruentes», lo que incrementa la incertidumbre de unas familias que, medio año después de la tragedia, continúan reclamando respuestas, transparencia y justicia.
