Cataluña volvió a concentrar en 2025 cuatro de cada diez demandas por ocupación de viviendas presentadas en España. Los datos del Ministerio del Interior revelan que los juzgados catalanes recibieron 6.290 procedimientos, el 39,7% del total nacional, pese a que la comunidad representa únicamente el 16,6% de la población española.
De las 6.290 demandas registradas, 5.913 se tramitaron por la vía penal y 377 por la civil. Las cifras mantienen a Cataluña como el principal foco de la okupación en España y cuestionan el discurso de los sectores de la izquierda que durante años han tratado de minimizar el alcance del problema.
El número de procedimientos es ligeramente inferior al registrado el año anterior. Los expertos atribuyen este descenso, entre otros factores, al aumento de las medidas de seguridad y prevención adoptadas por los propietarios y a los cambios introducidos en la legislación civil, como los procesos de mediación previos a determinadas órdenes de lanzamiento.
Sin embargo, la tendencia descendente se rompió durante el último trimestre de 2025. Entre octubre y diciembre, los juzgados de los partidos judiciales catalanes recibieron más demandas por ocupación que durante el mismo periodo de 2024.
El máximo histórico se alcanzó en 2022, cuando Cataluña registró 7.189 demandas. Desde entonces, la cifra ha descendido en cerca de un millar de casos, pero continúa muy por encima de los niveles de hace quince años. En 2010 apenas se contabilizaron 1.077 denuncias, frente a las más de 6.200 registradas en 2025.
Barcelona es la provincia española con mayor número absoluto de procedimientos por ocupación. Sin embargo, al analizar las cifras por población, Gerona encabeza la clasificación nacional con 88,9 demandas por cada 100.000 habitantes.
Por detrás se sitúa Barcelona, con 75,9 procedimientos por cada 100.000 habitantes; Tarragona, con 69,2; y Lérida, con 45,6.
La media catalana alcanza las 74 demandas por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que la Comunidad de Madrid, donde la tasa se sitúa en 18 procedimientos por cada 100.000 personas.
Cataluña también registra alrededor de 4.500 demandas más que Madrid, que contabilizó 1.727 procedimientos en 2025, de los cuales 1.541 fueron penales y 186 civiles.
Después de Cataluña, Andalucía fue la región con mayor número de demandas por ocupación, con 2.610, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.158, y Madrid.
La Comunidad de Madrid calcula que existen unas 9.000 viviendas okupadas en la región, de las cuales 2.530 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. En Cataluña no existen cifras oficiales ni estimaciones de la Administración, aunque expertos del sector inmobiliario sitúan el número de inmuebles ocupados ilegalmente entre 20.000 y 40.000.
Las diferencias entre Cataluña y Madrid también afectan al tiempo necesario para resolver los procedimientos. Mientras en Madrid el plazo medio ronda los diez meses, en Cataluña alcanza los veinte.
La saturación de los juzgados catalanes y las decisiones judiciales que paralizan determinados desalojos tras declarar vulnerables a los ocupantes figuran entre las causas que explican una diferencia que duplica los tiempos de resolución y prolonga durante meses la recuperación de las viviendas por parte de sus propietarios.
