Mayo se consolida como uno de los periodos de mayor tensión en materia de seguridad pública en Barcelona y su área metropolitana, en un contexto marcado por el incremento de tiroteos, apuñalamientos y asaltos con armas de fuego.
Según el último balance difundido por el Ministerio del Interior y recogido por El Español, Cataluña concentró 148 delitos violentos durante el último mes, situándose como la comunidad autónoma con mayor volumen de criminalidad grave en España. Andalucía, con 104 casos, ocupa el segundo lugar. Ambos territorios reúnen cerca de la mitad de los delitos violentos contabilizados a escala nacional.
La sucesión de incidentes se ha extendido por diferentes puntos del área metropolitana de Barcelona. Entre los casos más relevantes figura el homicidio de una mujer de origen chino en Esplugues de Llobregat, investigado como un posible ataque de motivación yihadista; varios atracos armados en Mataró y Terrassa; un tiroteo entre clanes familiares en Sant Adrià de Besòs; y distintos enfrentamientos con armas de fuego en L’Hospitalet, Viladecans y Sabadell. También se investiga el asesinato a tiros de un hombre vinculado presuntamente al narcotráfico en la Zona Franca de Barcelona.
Desde el ámbito sindical policial, el secretario general de SIP-Fepol en la Guardia Urbana de Barcelona, Daniel Bernalte, ha advertido de que la repetición de hechos violentos en un corto espacio temporal evidencia una tendencia consolidada. A su juicio, las administraciones deben reconocer la existencia de un problema de seguridad y reforzar la respuesta institucional para evitar la consolidación de espacios de impunidad.
La preocupación es compartida parcialmente por los Mossos. El jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, Ramon Chacón, reconoció recientemente el aumento de los tiroteos registrados en Cataluña, que cerró el último ejercicio con 93 incidentes armados, un 35% más que el año anterior. El balance incluyó siete fallecidos y numerosos heridos por arma de fuego.
Los Mossos atribuyen parte de este fenómeno a la expansión del cultivo y tráfico de marihuana, que habría favorecido una mayor circulación de armas entre pequeños grupos criminales. La denominada «socialización» de las armas de fuego, según la policía autonómica, ha provocado que conflictos que anteriormente derivaban en agresiones físicas desemboquen ahora en episodios armados.
