Según consta en contratos a los que ha tenido acceso LA GACETA, el Gobierno abonó a la ONG ACCEM 105.600 euros por cada avión fletado para trasladar inmigrantes ilegales durante los últimos cuatro meses de 2024. En total, se movilizaron 48 vuelos y 5.068.800 euros de dinero público para redistribuir a 15.840 inmigrantes ilegales desde el archipiélago canario a territorio peninsular.
Los dos contratos consultados por este medio se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y con tramitación de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. En ambos casos se recibió una única oferta y la adjudicataria fue ACCEM. No hubo concurso, ni participación de otras empresas, ni cofinanciación europea. Los cinco millones de euros salieron íntegramente del contribuyente español.
El primero de los contratos cubrió el traslado aéreo de 2.640 inmigrantes ilegales durante el mes de septiembre de 2024 por 844.800 euros. El segundo, firmado directamente por la Secretaría de Estado de Migraciones, contemplaba el traslado, acompañamiento social e información de 13.200 en 40 vuelos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de ese mismo año, por 4.224.000 euros. La aritmética es exacta, una media de 330 pasajeros por avión a un coste de 105.600 euros por traslado aéreo, lo que equivale a 320 euros por inmigrante ilegal embarcado.
Ambos acuerdos se firmaron en septiembre y octubre de 2024, pero no han sido publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el pasado 19 de junio, casi veinte meses después. Para entonces, el plazo para presentar recursos ya había expirado más de un año y medio antes. La transparencia, cuando llega con ese retraso, pierde su sentido original y se convierte en un trámite administrativo sin efecto práctico.
La declaración de emergencia que amparó estos contratos se aprobó en octubre de 2023 y ha sido prorrogada en cinco ocasiones sucesivas. Lo que el Gobierno concibió como un mecanismo excepcional para situaciones imprevisibles se ha convertido, en la práctica, en el procedimiento ordinario para gestionar la actual debacle fronteriza con unos beneficiarios que siempre se repiten, resultando los mayores beneficiados ACCEM y Cruz Roja.
Mientras se ejecutaban estos 48 vuelos, 21.250 inmigrantes ilegales alcanzaron las costas canarias por la ruta atlántica, según datos de FRONTEX consultados por este medio. Los 15.840 traslados contratados representan el 74,5% de todas las llegadas registradas en ese periodo. Es decir, por cada cuatro inmigrantes que entraron ilegalmente en Canarias entre septiembre y diciembre de 2024, el Estado financió el traslado aéreo de tres. Los datos de nacionalidades desmienten además que se trate exclusivamente de casos humanitarios. Entre septiembre y diciembre de 2024, los ciudadanos de Malí y Senegal coparon por sí solos el 57% de las llegadas por la ruta atlántica. Les siguieron Guinea, Marruecos, Gambia, Mauritania y Costa de Marfil.
Todas estos inmigrantes protagonizaron una entrada ilegal en territorio español y solicitaron asilo. La Ley de Asilo establece que si la Administración no resuelve sobre la admisión a trámite de una solicitud en el plazo de un mes, esta se entiende admitida automáticamente. Por su parte, el Tribunal Supremo ha determinado que el solicitante cuya petición ha sido admitida a trámite se encuentra en situación regular y tiene derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. El resultado es un mecanismo que convierte la saturación administrativa en vía de acceso regular a la Península sin que medie una resolución que examine el fondo de la solicitud de protección.
Cinco millones de euros. Cuarenta y ocho aviones. Una emergencia prorrogada cinco veces hasta convertirse en el modo habitual de gestionar la inmigración ilegal que llega a Canarias. Y una transparencia que, cuando llega con veinte meses de retraso, ya no sirve para controlar el gasto público.
