El consenso social en Cataluña ha dado un giro contundente. El 63,7% de los catalanes se muestra a favor de restringir la llegada de inmigrantes, un respaldo que supone casi 25 puntos más que hace apenas dos años y que confirma un cambio profundo en el clima político y social de la comunidad. Así lo recoge el último estudio anual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), organismo dependiente de la Diputación de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Frente a ese bloque mayoritario, sólo un 32,6% de los catalanes se declara en desacuerdo con la limitación de los flujos migratorios. En 2024, las cifras eran sensiblemente distintas: entonces, el apoyo a la restricción alcanzaba el 54%, mientras que el rechazo se situaba en el 39,2%. La evolución confirma una tendencia acelerada hacia posiciones más restrictivas, impulsada por la presión migratoria y sus efectos visibles en los servicios públicos y la convivencia.

Estos resultados irrumpen en un momento especialmente sensible. El propio Govern reconoció esta semana que 150.000 de los cerca de 500.000 inmigrantes susceptibles de ser regularizados mediante el mecanismo extraordinario impulsado por el Gobierno central en alianza con Podemos residen en Cataluña, lo que ha reavivado el debate sobre la capacidad de absorción de la comunidad.

La regularización lleva aparejada además una derivada política de alto voltaje. Podemos se ha mostrado ahora dispuesto a negociar la delegación de competencias migratorias a la Generalitat, un acuerdo previamente pactado entre el PSOE y Junts pero bloqueado en el Congreso por el rechazo del partido que lidera Ione Belarra. La pugna por el control de la política migratoria se entrelaza así con la disputa por el poder en Cataluña.

La encuesta del ICPS confirma, en definitiva, que la inmigración se ha convertido en el eje central de la política catalana y que una mayoría social creciente exige límites claros frente a años de políticas permisivas.