La postura de la Fiscalía Anticorrupción aleja cualquier posibilidad de que Santos Cerdán recupere la libertad en un futuro inmediato. El escrito del fiscal jefe Alejandro Luzón y el peso del criterio del Ministerio Público en el procedimiento que dirige el juez Leopoldo Puente apuntan a que el exsecretario de Organización del PSOE permanecerá en prisión al menos hasta finales de diciembre, cuando se cumplan los seis meses de su ingreso.
El fiscal sostiene que la investigación sobre Cerdán está todavía en una fase “inicial”, y que el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil exige un análisis complejo para desentrañar el entramado. Mientras no se logre avanzar en esas pesquisas, persistirá el riesgo de destrucción o alteración de pruebas. Luzón alerta de la posibilidad de que el dirigente socialista siga relacionándose con otros responsables de los pagos por las adjudicaciones amañadas, algunos de ellos aún pendientes de identificar.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas no puede superar los seis meses. “Apenas” ha pasado un mes y medio desde la confirmación de la medida, recuerda la Fiscalía, “sin que se haya producido ningún hecho relevante” en la instrucción. El plazo expira el 30 de diciembre.
Antes del verano, el juez ordenó nuevas diligencias para analizar el patrimonio de Cerdán y las operaciones con empresarios favorecidos por adjudicaciones que, según las sospechas, se abonaban mediante comisiones. El magistrado cree que las mordidas superaron ampliamente el millón de euros, aunque el dinero sigue sin aparecer.
La investigación rastrea 479 depósitos en 35 entidades, algunas en el extranjero: la mayoría en Europa, pero también cuatro en Iberoamérica (tres del banco ecuatoriano Pichincha y uno del Banco do Brasil). En la lista aparece además el Bank of Africa en su división europea.
La Fiscalía apunta otros motivos para mantenerlo entre rejas: la gravedad de los delitos atribuidos a la organización criminal, el papel director de Cerdán y su nula colaboración. El escrito critica que se limite a lanzar “conjeturas” y “consideraciones políticas” con las que pretende presentarse como víctima de una persecución. Además, reprocha que atribuya “intenciones espurias” a la unidad policial, a la Fiscalía y al juez instructor.
La conclusión del Ministerio Público es clara: mientras los informes de la investigación no estén listos, Cerdán conserva capacidad para ocultar pruebas y condicionar a testigos en un procedimiento de gran complejidad. Su discurso de conspiración, lejos de ayudarle, refuerza los argumentos para mantenerlo en prisión.
