Santos Cerdán no sólo fue el operador político de Pedro Sánchez en Ferraz. También fue, durante años, el hombre colocado estratégicamente para frenar las investigaciones que podían salpicar al Gobierno. Y lo hizo desde una posición clave: la presidencia de la comisión mixta Congreso-Senado encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Desde ese puesto, que le otorgaba el control de la agenda de fiscalización, Cerdán logró «descafeinar» los informes más comprometidos de la pasada legislatura, empezando por los relativos a la gestión de la pandemia.
La compra de material sanitario durante la crisis del coronavirus, que dio lugar a contratos millonarios bajo la tramitación de emergencia, fue el punto de partida de la investigación que hoy tiene a Cerdán en prisión y al exministro Ábalos en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción comenzó rastreando esas adquisiciones y desde ahí se destapó una presunta trama de corrupción que ha terminado extendiéndose a las obras públicas, las mordidas y hasta el negocio con el petróleo venezolano. Pero antes de que la Guardia Civil actuara, el Tribunal de Cuentas no detectó ninguna irregularidad grave. Ahora, las miradas apuntan al papel que jugó Cerdán para evitarlo.
Las fuentes consultadas por The Objective aseguran que fue el propio Cerdán quien torpedeó los trabajos de fiscalización. Agrupaba informes, retrasaba plenos, postergaba presentaciones y vaciaba de contenido los documentos. El objetivo era que los informes no pudieran debatirse a fondo en la comisión. Uno de los casos más flagrantes fue el informe sobre los contratos de la covid. Aunque los primeros borradores advertían de la falta de información sobre centenares de millones de euros y señalaban a contratistas opacos, esas menciones desaparecieron del documento final.
El calendario también habla por sí solo: el pleno de la comisión mixta se celebró en febrero de 2022, la presentación llegó en marzo de 2023 y la aprobación definitiva no fue hasta abril de 2024. Pero, según fuentes del Congreso, se dio a conocer discretamente en agosto, «para que nadie reparara». Durante todo ese tiempo, el informe que podía poner en apuros al Ministerio de Sanidad bajo Salvador Illa quedó paralizado. También quedaron sin aclarar los fondos gastados por Transportes durante la etapa de Ábalos.
La gestión de Cerdán no fue improvisada. Sánchez lo colocó al frente de la comisión justo después de la moción de censura a Mariano Rajoy. El organismo estuvo inactivo durante meses, hasta que se constituyó el nuevo gobierno con Podemos. Aquel parón permitió reordenar el Tribunal de Cuentas y frenar iniciativas como la fiscalización de las primarias del PSOE de 2017, donde se pedía investigar los donativos recibidos por Sánchez, un tema que el anterior presidente del Tribunal había querido esclarecer.
Cerdán también logró dilatar otros expedientes sensibles, como el informe sobre las «embajadas» de la Generalidad, que no se aprobó hasta 2024 tras años de bloqueo. Pero fue con la fiscalización de la gestión de la pandemia donde más se evidenció su control. Los informes evitaron analizar en profundidad los precios pagados, los adjudicatarios y las condiciones de los contratos. Se pasó por alto, por ejemplo, la existencia de un proveedor chino del que no se sabía nada. Todo quedó cubierto bajo un análisis generalista que, según fuentes del Congreso, se redactó para no incomodar al Gobierno.
