El cerco judicial sobre el PSOE se estrecha aún más. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga cinco adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes que beneficiaron a Acciona, todas ellas con un patrón común: fueron proyectos por los que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, se interesó personalmente y que terminaron recibiendo 113,4 millones de euros adicionales de dinero público.
Los contratos, repartidos entre La Rioja, Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia, suman un total de 713,6 millones y fueron adjudicados entre enero de 2019 y mayo de 2021, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio. Sin embargo, la mayoría de los modificados al alza se aprobaron ya bajo la gestión de Raquel Sánchez y Óscar Puente, los sucesores del exministro socialista.
En su declaración ante el Supremo, Cerdán reconoció haberse interesado por estas obras, aunque trató de justificarse asegurando que su motivación era «electoral»: los proyectos, según dijo, eran clave para la estrategia del PSOE en los territorios donde se desarrollaban. Pero el juez instructor, Leopoldo Puente, dejó claro en su auto de prisión que el interés no respondía al beneficio ciudadano, sino al rédito político del partido. Cerdán, añadió, se preocupó por las obras «no tanto por el interés que pudieran tener para la ciudadanía, cuanto por los beneficios electorales que su ejecución representara para su partido».
El patrón que sigue la UCO es claro: todas las adjudicaciones fueron otorgadas a Acciona, que presentó la oferta económica más ventajosa, pero tras hacerse con los contratos, la empresa obtuvo aumentos millonarios en la dotación presupuestaria. En cuatro de los cinco casos, lo hizo en UTE con otras compañías; en uno, actuó en solitario.
Uno de los expedientes clave es el de la Autovía A-68 en La Rioja. Acciona, junto a Aquaterra, se adjudicó el tramo Arrúbal-Navarrete por 111,8 millones. En mayo de 2022 el contrato fue ampliado con un modificado de 21,2 millones y en noviembre de 2024 recibió otra subida de 1,1 millones. El precio final se disparó hasta los 134,1 millones, con la guerra de Ucrania como excusa para justificar el encarecimiento.
La segunda obra bajo sospecha, detalla El Confidencial, es el Puente del Centenario de Sevilla. Acciona, en alianza con Tecade SA y Freyssinet SAU, ganó el contrato en 2021 por 86,4 millones. Dos años después, el Ministerio de Raquel Sánchez le concedió un incremento de 16,4 millones, situando el coste final en 102,8 millones. Lo mismo ocurrió en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde Acciona, esta vez en solitario, ganó una obra por 62 millones y acabó cobrando 75, con otro modificado aprobado en 2022.
Pero el grueso del dinero llegó a través del Corredor Mediterráneo y el soterramiento de las vías de alta velocidad en Murcia. En el primer caso, Acciona y Ferrovial recibieron inicialmente 146,6 millones. En 2022, ADIF les concedió 29,2 millones más, elevando el total a 175,8 millones. En el segundo, la misma alianza presentó una oferta de 192,1 millones y acabó cobrando 225,9. En este caso, la subida fue tan alta que incluso sobró dinero: 4,1 millones que no llegaron a utilizarse.
Pero los vínculos de Cerdán con las adjudicatarias no acaban ahí. Según los registros del 10 de junio, la UCO halló en el trastero del administrador de la empresa Servinabar 2000 SL un documento privado firmado en junio de 2016 en el que Santos Cerdán se hacía con el 45% de las participaciones de la compañía. Desde entonces, Cerdán habría obtenido un beneficio directo de todas las adjudicaciones otorgadas por gobiernos del PSOE o sus socios a la UTE formada por Servinabar 2000 y Acciona, especialmente en Navarra, con los ejecutivos de Uxue Barkos (2015–2019) y María Chivite (2019–actualidad).
Por ahora, la UCO ha identificado comisiones ilegales por un total de 1.070.000 euros. Pero el instructor del caso advierte de que el botín real podría superar los cinco millones. Y esta cifra, aclaran, es aún un cálculo conservador.
