retrasó el despliegue del Ejército y rechazó la ayuda de Frontex
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta.
Por Bárbara Saavedra
2 de agosto de 2026
«Un Gobierno que funciona». Con estas palabras, Pedro Sánchez reivindicó hace sólo cinco días la gestión de su Ejecutivo. El presidente presumió del número de leyes aprobadas y sostuvo que sus mandatos habían situado a España en un lugar «infinitamente mejor» que en 2018. Apenas 48 horas después, más de 50.000 inmigrantes ilegales entraron en Ceuta ante unas Fuerzas de Seguridad desbordadas y la pasividad de Marruecos.
La invasión de la ciudad autónoma ha vuelto a poner en cuestión la capacidad del Gobierno para anticiparse a las grandes emergencias. Moncloa reaccionó cuando la frontera ya había colapsado, miles de personas se encontraban en territorio español y la integridad territorial del país —en palabras del propio Sánchez— estaba comprometida.
Las señales se acumulaban desde hacía días. Una semana antes del asalto masivo, el Gobierno de Ceuta había reclamado una modificación de la Ley de Extranjería después de que el Tribunal Supremo resolviera que la norma no permite rechazar de forma inmediata a quienes acceden a España a nado.
Al día siguiente, el Ejecutivo ceutí declaró una «situación de emergencia» tras registrar más de 1.000 entradas ilegales durante la semana anterior. Los avisos continuaron, pero el Gobierno central concentró su atención en los incendios que arrasaban distintas zonas de España.
El miércoles por la tarde, pocas horas antes de que comenzara la avalancha sobre Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encontraba en Navalcarnero, en Madrid, visitando el puesto de mando establecido por los fuegos. Para entonces, la presión sobre la frontera sur llevaba semanas al alza.
Los propios balances de Interior constataban ese incremento. Hasta el 15 de julio habían entrado en Ceuta a pie o a nado 2.826 personas, casi un 150% más que durante el mismo periodo del año anterior. El Ejecutivo conocía esos datos, pero no activó a tiempo un dispositivo capaz de contener una entrada organizada de grandes dimensiones.
El historial de crisis que Moncloa no anticipó
La invasión de Ceuta se suma a una sucesión de episodios que han puesto a prueba la gestión de los gobiernos de Sánchez: la pandemia del coronavirus, el apagón de abril de 2025, la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios que este verano han obligado a evacuar a decenas de miles de españoles.
En varias de esas crisis existieron advertencias previas que no se tradujeron en una reacción suficiente. La intervención del Ejecutivo llegó después del colapso, cuando el daño ya se había producido y las administraciones y servicios públicos se encontraban desbordados.
La inmigración ilegal tampoco constituye un fenómeno desconocido para Sánchez. Apenas diez días después de llegar a La Moncloa en 2018, ordenó recibir a los más de 600 inmigrantes del Aquarius después de que Italia rechazara permitir el desembarco del buque.
A aquel episodio le siguieron sucesivas oleadas de cayucos en Canarias, el intento masivo de entrada por la valla de Melilla de 2022 y la invasión de Ceuta de 2021, cuando Marruecos permitió el paso de unas 14.000 personas como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La entrada de 2021 ya mostró la capacidad del régimen marroquí para utilizar los flujos de inmigrantes como instrumento de presión sobre España. Pese a ese precedente, el Gobierno volvió a quedar expuesto ante una operación de una dimensión mucho mayor: esta vez cruzaron más de 50.000 personas.
Fracasa la política de Sánchez para contentar a Marruecos
Tras el choque diplomático por Ghali, Sánchez modificó la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental para respaldar el plan de autonomía marroquí. El giro, comunicado primero por Mohamed VI y nunca explicado con transparencia por Moncloa, pretendía reconstruir la relación con Rabat.
La gran apuesta internacional de Sánchez para contentar al reino alauí no evitó que Marruecos dejara prácticamente desprotegida su parte de la frontera. Las fuerzas marroquíes no impidieron que decenas de miles de personas alcanzaran Ceuta durante el jueves.
La cooperación de Rabat sí permitió después el regreso de buena parte de los inmigrantes en un plazo de 48 horas. Marruecos demostró así que mantiene intacta su capacidad tanto para abrir la presión sobre Ceuta como para cerrarla cuando lo considera oportuno.
El Ejército llegó cuando Ceuta ya estaba desbordada
El Gobierno tampoco ordenó el despliegue del Ejército hasta la tarde del jueves, pese a que la oposición llevaba horas reclamando su intervención. Antes había reforzado los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, pero el grueso de los recursos llegó cuando decenas de miles de inmigrantes ya habían cruzado la frontera.
Moncloa tampoco aceptó la oferta europea para desplegar agentes de Frontex. Las barreras de contención en el espigón del Tarajal no se instalaron hasta el sábado por la mañana, después de que se consumara la mayor entrada ilegal registrada en Ceuta.
El dispositivo neumático permite establecer una separación física en el mar y sortear el vacío jurídico provocado por la sentencia del Supremo. La solución, sin embargo, llega dos años después de que un tribunal ceutí dictara el primer pronunciamiento en ese sentido.
Desde Moncloa no ha habido autocrítica. El Ejecutivo ha dirigido sus reproches contra los países europeos que adoptaron medidas para proteger sus fronteras y ha evitado valorar las responsabilidades políticas por la falta de previsión.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a celebrar el desenlace en las redes sociales: «Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez».