El Gobierno de Ceuta presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su falta de actuación tras la entrada masiva de inmigrantes ilegales registrada los pasados 30 y 31 de julio. La Ciudad Autónoma denuncia que, transcurridos 80 días desde el inicio de la crisis migratoria, no consta ninguna expulsión ejecutada mediante procedimiento administrativo entre las personas que accedieron ilegalmente durante aquellas jornadas, mientras alrededor de 25.000 inmigrantes permanecen en territorio ceutí.
La iniciativa judicial, que está previsto que reciba este martes el visto bueno del Consejo de Gobierno, pretende obligar al Estado a movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para tramitar las expulsiones, devoluciones y solicitudes de protección internacional pendientes. Además, Ceuta solicitará al Alto Tribunal medidas cautelarísimas sin escuchar previamente al Gobierno central, dada la urgencia que atribuye a una situación que considera insostenible.
La decisión llega después de que el Ejecutivo de Sánchez no respondiera al requerimiento administrativo remitido el pasado 18 de septiembre. Aquel escrito, aprobado por unanimidad dos días antes, exigía a distintos organismos estatales una actuación inmediata para resolver los expedientes migratorios y reforzar los dispositivos de seguridad. El plazo para contestar finalizó este lunes 19 de octubre sin que Ceuta recibiera respuesta, según recoge la documentación que sustenta la iniciativa judicial.
Uno de los principales argumentos del recurso es el colapso administrativo generado por la llegada de miles de inmigrantes. Según las cifras oficiales utilizadas por la Ciudad Autónoma, a mediados de octubre únicamente 4.432 adultos habían completado el proceso inicial de clasificación, mientras que los servicios de protección de menores atendían ya a 3.019 niños y adolescentes, frente a una capacidad ordinaria establecida en apenas 29 plazas.
La denuncia también pone el foco en las consecuencias económicas de la crisis. La Consejería de Hacienda calcula que los gastos extraordinarios en servicios públicos, emergencias e indemnizaciones ascienden a 45,32 millones de euros, a los que se suman otros 81 millones destinados a la atención y acogida de menores. El informe incorpora, además, una estimación de 822,09 millones de euros en perjuicios generales para la ciudad, incluyendo daños económicos sectoriales y reputacionales, aunque aclara que esta última cantidad no constituye una pérdida neta consolidada.
Los servicios jurídicos ceutíes sostienen que la situación está afectando gravemente al funcionamiento de las competencias municipales en materias como asistencia social, sanidad e higiene. En su escrito advierten de que los perjuicios aumentan cada semana y amenazan la estabilidad presupuestaria de la ciudad, por lo que consideran necesaria una intervención judicial urgente que obligue al Estado a asumir sus responsabilidades.
La documentación también cuestiona las actuaciones del Gobierno central anteriores a la crisis. Fuentes del Ejecutivo ceutí denuncian que el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla continúa pendiente de aprobación, pese a estar contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021. Asimismo, sostienen que existía un plan militar de contingencia para responder a una situación de estas características, pero que finalmente no se desplegó por una decisión política.
El recurso recuerda que el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconoció el carácter excepcional de la situación mediante el Real Decreto 705/2026, aprobado el 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional. Posteriormente, el Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, articuló medidas de apoyo financiero ante la persistencia de las dificultades en los servicios esenciales.
Ceuta reclama que el Tribunal Supremo ordene al Estado acelerar los procedimientos para determinar qué inmigrantes deben ser expulsados o devueltos, respetando las garantías legales y las solicitudes de asilo. La petición también contempla el tratamiento individualizado de los menores, cuya repatriación debe ajustarse a las condiciones de protección y acogida legalmente exigidas.
La solicitud de medidas cautelarísimas se fundamenta igualmente en que la declaración de interés para la Seguridad Nacional expira el próximo 31 de diciembre, salvo que el Gobierno acuerde prorrogarla. La Ciudad Autónoma considera que esperar a la resolución definitiva del procedimiento judicial podría agravar una situación que, según denuncia, se ha prolongado durante casi tres meses sin una respuesta administrativa suficiente.
Con esta iniciativa, Ceuta traslada directamente al Tribunal Supremo su reclamación contra la actuación del Ejecutivo central. El objetivo es conseguir una orden judicial que fuerce al Gobierno de Sánchez a reforzar los medios de extranjería, seguridad y asilo, resolver los expedientes pendientes y ejecutar las devoluciones que correspondan legalmente tras la entrada masiva de finales de julio.
