Una clase media depauperada, castigada a impuestos, impotente ante cambios trascendentales que no han elegido -como la cruzada contra los coches- y una edad de jubilación mayor que la francesa. A priori, en España se dan todos los elementos para un estallido social como el galo. Sin embargo, ¿por qué no ocurre nada?
Sí, la izquierda gobierna en nuestro país, y no es un dato menor porque su función en cualquier crisis consiste en anestesiar a las masas. Pero hay más. Uno de los grandes déficits de España es que su sociedad civil, raquítica, es incapaz de generar un movimiento como el de los chalecos amarillos, un fenómeno que, además de transversal, es social y no político, lo que lo convierte en mucho más peligroso para el poder.
Quienes tienen en jaque a Macron desde su llegada al Elíseo son franceses sin una clara filiación política y que, a pesar de ello, han sido descalificados como extrema derecha y reaccionarios. La realidad es que más del 70% del pueblo apoya a un movimiento que protesta contra la subida de los carburantes, la cruzada contra el diésel, las restricciones al vehículo, la subida en la edad de jubilación y reivindica la mejora de los servicios públicos. La sensación generalizada es que el Estado saquea al ciudadano que no percibe un retorno de ese dinero vía impuestos.
De modo que no es exagerado hablar de expolio fiscal. Cada francés entrega una media del 57% de su salario a las arcas públicas y aunque en España la cifra no es muy inferior, en torno al 50%, en nuestro país apenas genera indignación. Los motivos que espolean a los franceses a quemar las calles y asaltar la sede del mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, aquí pasan de puntillas.
Hace un año se produjo un amago de réplica en España. Miles de chalecos verdes -transportistas- tomaron Madrid en protesta por el encarecimiento de los combustibles que les condenaba a que fuera más barato quedarse en casa que ir a trabajar. Hubo banderas de España, ikurriñas, gallegas, andaluzas, extremeñas… y hasta una tricolor de la segunda república. Una aparente heterogeneidad que, sin embargo, no ha cuajado en gran movimiento transversal.
Como en Francia, este fenómeno arraigó, sobre todo, fuera de la capital, en aquellas provincias donde se sienten especialmente maltratados y olvidados por la clase política. La versión española, en cualquier caso, no ha generado mayores problemas al Gobierno. Prueba de ello es que Sánchez, aunque aprobó el descuento de los 10 céntimos por litro de combustible en las gasolineras, se negó a bajar masivamente el IVA y el impuesto a los hidrocarburos. El motivo, como le ocurre a Macron, es ideológico. El presidente francés subió incluso el precio de los carburantes en 2018 para aumentar la recaudación vía impuestos. La coartada fue sencilla: lo hacía para luchar contra el cambio climático.
Más esclarecedor es que Macron eliminara el impuesto a las grandes fortunas mientras castigaba al francés medio. Toda una declaración de intenciones de una clase gobernante que no sirve a su pueblo, sino a intereses foráneos. Por eso, que Sánchez no bajase los impuestos a los carburantes para aliviar a los transportistas no era una idea propia, sino el mismo esquema globalista que Macron o Trudeau imponen en sus países.
Precisamente la reacción contra esta deriva es la que mejor explica qué representan los chalecos amarillos. ¿Son de izquierdas? ¿Son de derechas? No cabría etiquetarlos bajo los parámetros clásicos, entre otras cosas, porque la agenda globalista basada en el cambio climático, el feminismo, el ataque a la ganadería, la carne y los coches o la promoción de la inmigración masiva, ha sido asumida tanto por la izquierda como por la derecha liberal.
La otra pata del sistema serían los sindicatos que, comprados por el Estado, hacen de tapón entre el trabajador y el poder convirtiéndose en agentes desmovilizadores que impiden el estallido social. Por esta tarea CCOO y UGT se embolsan 17 millones de euros anuales, casi 100 millones en la última década, para garantizar una paz en las calles que desaparecerá si hay cambio de Gobierno, como amenazó Yolanda Díaz.
En definitiva, es difícil advertir si el movimiento de los chalecos amarillos salpicará a otras naciones europeas aunque el malestar sea generalizado en todo el continente. Inflación, inmigración masiva, impuestos verdes, encarecimiento de la energía, prohibiciones, desindustrialización, cesión de derechos… España padece todos estos problemas pero si no reacciona muy pronto sufrirá uno mayor: la falta de músculo en la sociedad civil.
