Este sábado 6 de julio, varios centenares de canarios se congregaron en las dos principales ciudades de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, para participar en una manifestación contra la inmigración ilegal por la situación de colapso a la que ha llegado el territorio.
A pesar de los esfuerzos de 40 abogados canarios que solicitaron a la Fiscalía Superior de Canarias la prohibición de la protesta debido a consignas que, a su juicio, incitaban al odio, la demanda no prosperó. La Fiscalía subrayó que no tiene la capacidad de actuar preventivamente, aunque aseguró que estaría alerta para intervenir si se cometía algún delito de odio durante la manifestación.
La Delegación del Gobierno también declaró que no podía limitar la libertad de expresión y el derecho a la manifestación de los ciudadanos, por lo que la protesta se permitió.
La convocatoria, difundida a través de redes sociales, incluía lemas que, ante el constante aumento de la inseguridad, asociaban la inmigración con la criminalidad, tales como «¡Stop narco lanchas pateras!» y «¡Stop delincuencia!», además de otros como «De solidarios a engañados» y «¡Primero los canarios!». Estos eslóganes se podían observar en los carteles de los manifestantes tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Tampoco tuvieron reparo en acordarse del presidente del Gobierno y dedicarle calificativos como «hijo de puta» o «traidor».
Los organizadores de la manifestación, que no se identificaron, también utilizaron el lema «Canarias tiene un límite», el mismo que movilizó a miles de personas en las ocho islas el pasado 20 de abril.