
La invasión de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio ha devuelto a primer plano una pregunta que persigue al Gobierno de Pedro Sánchez desde hace cinco años: qué ocurre realmente en la relación entre España y Marruecos. Desde la primera entrada masiva en la ciudad autónoma hasta el espionaje con Pegasus, pasando por el abrupto giro sobre el Sáhara Occidental o la posterior alianza para organizar el Mundial de 2030, la relación con Rabat acumula episodios controvertidos, decisiones difíciles de explicar y preguntas que La Moncloa todavía no ha despejado.
La cronología comienza antes de la primera gran crisis fronteriza y permite leer con otra perspectiva lo ocurrido este verano. El Gobierno mantiene que no existen pruebas que permitan responsabilizar a las autoridades marroquíes de la invasión de julio. Pero la sucesión de acontecimientos desde 2021 ha vuelto a colocar bajo escrutinio la política de Sánchez hacia el reino alauí.
El primer gran choque llegó en abril de 2021. España permitió la entrada secreta del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado en un hospital de Logroño. Marruecos descubrió la operación y respondió con una grave crisis diplomática.
La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, trató de rebajar la tensión y sostuvo que el episodio no debía perturbar las relaciones entre ambos países. La reacción de Rabat llegó semanas después.
En mayo, unos 10.000 inmigrantes entraron en Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran los controles fronterizos. La presión migratoria se convirtió así en un instrumento dentro de una disputa diplomática entre ambos países.
Dos meses después, Sánchez remodeló su Gobierno y González Laya salió del Ministerio de Exteriores. Su sustituto, José Manuel Albares, tomó posesión expresando su intención de reforzar las relaciones con Marruecos, al que definió como un «gran amigo y vecino».
Cinco años después, la propia González Laya utiliza términos mucho más duros. La exministra ha calificado la invasión de Ceuta de este verano como un «ataque híbrido» y ha reclamado a la Unión Europea que identifique a su autor.
Mientras España atravesaba aquella crisis, alguien consiguió penetrar en el teléfono del presidente del Gobierno.
El Ejecutivo reconoció en mayo de 2022 que el móvil de Pedro Sánchez había sido infectado con Pegasus en mayo y junio de 2021. También fueron atacados los dispositivos de varios ministros, entre ellos los responsables de Defensa e Interior.
Las fechas resultaron especialmente sensibles: el espionaje coincidió con la crisis abierta con Marruecos por Brahim Ghali y la entrada de miles de personas en Ceuta.
El Gobierno habló oficialmente de un «agente externo», pero nunca atribuyó públicamente el ataque a Rabat.
En julio de 2026, una investigación periodística internacional recogida en el texto de referencia volvió a poner el foco sobre Marruecos al sostener que cientos de móviles españoles habían sido objetivos del programa Pegasus. La Moncloa, pese a ello, continúa rechazando las especulaciones sobre un posible chantaje.
Sánchez volvió a hacerlo este mismo septiembre. Preguntado por la posibilidad de que Marruecos disponga de información obtenida de su teléfono, calificó esa hipótesis de «bulo».
La cuestión fundamental sigue abierta: España reconoció oficialmente que el teléfono de su presidente fue atacado por un actor exterior, pero la identidad del responsable nunca ha sido esclarecida públicamente.
Entre el espionaje y su reconocimiento público ocurrió otro de los episodios fundamentales de esta historia.
En marzo de 2022 se conoció una carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI en la que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
El movimiento supuso un giro histórico de la política española sobre el Sáhara, mantenida durante décadas alrededor de las resoluciones de Naciones Unidas.
La decisión provocó además una grave crisis con Argelia, uno de los principales suministradores energéticos de España.
La pregunta sobre los motivos exactos de aquel volantazo nunca ha desaparecido del debate político. El Gobierno lo presentó como el comienzo de una nueva etapa de estabilidad con Marruecos y defendió la necesidad de mantener una relación sólida con un país esencial para el control de la frontera sur.
El cambio se produjo, sin embargo, después de la crisis de Ceuta y del espionaje sufrido por Sánchez.
Los meses siguientes mostraron hasta qué punto Rabat se había convertido en una pieza central de la política española.
En junio de 2022, decenas de inmigrantes murieron durante el intento de salto de la frontera entre Nador y Melilla tras enfrentarse con las fuerzas marroquíes. Sánchez aseguró inicialmente que el episodio había sido «bien resuelto», unas palabras que provocaron fuertes críticas y que posteriormente matizó.
La cooperación fronteriza con Marruecos se había convertido en una prioridad para La Moncloa.
Rabat reforzaba mientras tanto su posición internacional. Estados Unidos había reconocido durante el primer mandato de Donald Trump la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y Marruecos estrechó después sus relaciones militares y de seguridad con Israel, incluida la cooperación en defensa y ciberseguridad.
El reino alauí llegaba así a la nueva etapa de relaciones con España con dos poderosos aliados internacionales y con una capacidad evidente para influir en la estabilidad de la frontera sur española.
La normalización alcanzó también al fútbol.
En marzo de 2023, Mohamed VI anunció que Marruecos se incorporaba a la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial de 2030. Meses después, la FIFA confirmó a los tres países como anfitriones principales del campeonato.
España pasaba así de sufrir una grave crisis fronteriza con Marruecos en 2021 a compartir con Rabat uno de los mayores acontecimientos deportivos del planeta.
La alianza mundialista vuelve ahora a estar bajo presión.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado directamente la contradicción después de lo sucedido este verano. Vivas sostiene que Marruecos estuvo detrás de un «ataque híbrido» y ha advertido de que está en juego la propia integridad territorial española.
Su posición respecto al reino alauí se ha endurecido hasta reclamar que España deje de actuar con miedo a «molestar» a Rabat.
Cinco años después de la crisis de 2021, Ceuta volvió a convertirse en el escenario de una invasión de una magnitud muy superior.
Los días 30 y 31 de julio, alrededor de 80.000 personas entraron o intentaron entrar en la ciudad autónoma desde territorio marroquí, según las cifras manejadas posteriormente por autoridades y responsables políticos. La llegada desbordó la capacidad de acogida y seguridad de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.
La polémica creció cuando se conoció que existieron advertencias previas sobre la presión que se estaba acumulando en la frontera.
Vivas ha asegurado que intentó contactar directamente con Sánchez el 27 de julio, tres días antes de la invasión, y que desde La Moncloa llegaron a pedirle que dejara de llamar porque estaba siendo «muy pesado».
Sánchez rechaza, sin embargo, responsabilizar a Marruecos mientras no aparezcan pruebas concluyentes.
La posición del presidente contrasta con la de González Laya. La antigua responsable de la diplomacia española sostiene que lo ocurrido fue un ataque híbrido destinado a debilitar a Europa mediante la utilización de la inmigración como herramienta de presión.
También el diplomático español Javier Colomina, subsecretario general adjunto de Asuntos Políticos y Política de Seguridad de la OTAN, ha señalado que resulta «difícil» analizar la entrada de decenas de miles de personas sin pensar en un posible componente de guerra híbrida, aunque no atribuyó su autoría a Rabat.
La última paradoja devuelve la historia al punto de partida.
Después de negarse a responsabilizar a Marruecos de la invasión, el Gobierno necesita ahora la cooperación marroquí para devolver a buena parte de quienes entraron en Ceuta.
Sánchez aseguró esta semana que alrededor de 200 personas al día están regresando a Marruecos y espera resolver la situación antes de finalizar 2026.
La relación construida durante estos años deja así una secuencia difícil de ignorar: Marruecos relajó su frontera durante la crisis de 2021; el teléfono de Sánchez fue espiado por un actor exterior cuya identidad no se ha hecho pública; España cambió después su posición histórica sobre el Sáhara; Rabat se convirtió en socio de Madrid para el Mundial; y decenas de miles de personas volvieron a cruzar desde territorio marroquí hacia Ceuta este verano.
La Moncloa niega que esa sucesión permita concluir que exista una relación causal entre unos acontecimientos y otros. Tampoco existe una prueba pública que permita atribuir a Marruecos el espionaje del teléfono de Sánchez ni la organización de la invasión de julio.
Pero cinco años después de aquella primera crisis, las incógnitas siguen acumulándose. Y España continúa dependiendo de Marruecos para cerrar una frontera que Rabat ha demostrado que tiene una capacidad determinante para controlar.