El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido durante los últimos ocho años una política de financiación y suministro de material a Marruecos para reforzar sus capacidades de vigilancia y gestión migratoria. Las principales partidas sufragadas directamente por España rondan ya los 100 millones de euros desde 2018, una cifra que aumenta considerablemente si se incorporan los contratos financiados con dinero comunitario y las nuevas líneas de crédito destinadas a proyectos marroquíes.
La relación adquiere una relevancia especial tras la crisis de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas trataron de cruzar desde Marruecos hacia territorio español. La documentación desclasificada por el Gobierno ha confirmado que el CNI avisó el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes de las convocatorias para realizar entradas masivas por la valla y por mar. La Audiencia Nacional investiga ahora lo ocurrido y la actuación de las fuerzas marroquíes durante aquellas jornadas.
Las transferencias españolas comenzaron a adquirir volumen en 2018, cuando Interior destinó alrededor de 2,5 millones de euros a 75 vehículos todoterreno para Marruecos. La operación formaba parte de la estrategia para reforzar los medios empleados en el control de la inmigración ilegal.
Un año después llegó una de las mayores aportaciones. El Consejo de Ministros autorizó en agosto de 2019 una ayuda directa de 32,369 millones de euros para financiar el despliegue de las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas y la trata de seres humanos. El propio Gobierno confirmó posteriormente que el dinero podía sufragar patrullaje, vigilancia marítima y costera, combustible, mantenimiento del material e incluso dietas e incentivos del personal marroquí.
La política continuó incluso durante las crisis diplomáticas con Rabat. El 18 de mayo de 2021, en plena entrada masiva de miles de personas en Ceuta y después de que los gendarmes marroquíes dejaran pasar a numerosos inmigrantes hacia la ciudad española, el Consejo de Ministros aprobó otros 30 millones de euros para cooperación policial con Marruecos. Fernando Grande-Marlaska defendió entonces que la partida ya estaba presupuestada y que respondía a la cooperación necesaria contra las redes criminales y la inmigración ilegal.
En octubre de 2022, Moncloa volvió a autorizar otra subvención de 30 millones de euros destinada a financiar el despliegue marroquí contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios. La referencia oficial del Consejo de Ministros establecía que la Consejería de Interior de la Embajada española debía comprobar el destino de los recursos.
Sólo esas partidas directas, junto con los vehículos de 2018, suman cerca de 95 millones de euros.
A ellas se añadió en 2024 un contrato de la Secretaría de Estado de Seguridad para adquirir un mínimo de 20 sistemas de videovigilancia destinados a Marruecos. La adjudicación superó los 4,1 millones de euros y, a diferencia de otras operaciones canalizadas mediante proyectos comunitarios, la documentación indicaba que esta compra no estaba financiada con fondos de la Unión Europea.
La factura directa conocida queda así situada en el entorno de los 99 millones de euros, sin contar otros proyectos sufragados con recursos comunitarios.
España también ha ejecutado a través de la FIIAPP programas financiados por la UE para reforzar las capacidades marroquíes. Entre el material adquirido figuran vehículos 4×4, camiones, embarcaciones, cámaras térmicas y dispositivos de visión nocturna. La respuesta oficial del Gobierno al Congreso confirma que parte de este equipamiento fue comprado expresamente con fondos europeos dentro del proyecto de «Apoyo a la gestión integrada de fronteras y la migración en Marruecos».
Bruselas mantiene además importantes programas propios. La Comisión Europea cifra en aproximadamente 222 millones de euros la financiación destinada a Marruecos entre 2021 y 2024 dentro de sus programas sobre migración y desplazamientos. Para el periodo 2025-2027 se ha aprobado un nuevo paquete regional para el norte de África de 675 millones, del que 160 millones están destinados específicamente a apoyar la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo de Marruecos.
A esa cooperación migratoria se suma otra vía distinta: la financiación reembolsable para infraestructuras. España ha movilizado líneas por más de 1.000 millones de euros relacionadas con proyectos marroquíes, entre ellos la desaladora de Casablanca y el sistema ferroviario. Sólo para la planta de Casablanca, el Ministerio de Economía confirmó un respaldo público próximo a 340 millones, incluidos un crédito FIEM de 250 millones y otros instrumentos de financiación y cobertura. Estas cantidades son créditos y garantías vinculados a proyectos empresariales, por lo que no pueden contabilizarse como subvenciones a fondo perdido.
El Ejecutivo ha defendido durante años que esta cooperación permite combatir las redes de tráfico de personas y reducir las llegadas ilegales. La dependencia de Rabat para contener los flujos vuelve, sin embargo, al centro del debate tras lo ocurrido este verano en Ceuta. El propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha acusado públicamente a Marruecos de haber utilizado la presión migratoria con fines políticos, mientras la investigación judicial trata de determinar qué papel desempeñaron las autoridades del país vecino durante las entradas de julio.
La cuestión se ha trasladado también a Bruselas. Esta semana, grupos del Parlamento Europeo han planteado revisar la cooperación con Marruecos tras la crisis ceutí, incluida la financiación vinculada a la protección de las fronteras exteriores.
