Ciudadanos ha intensificado en las últimas semanas su acercamiento político al tripartito de la socialista Francina Armengol, que gobierna en Baleares en coalición con Unidas-Podemos y el partido separatista Més per Mallorca, socio a su vez de Bildu. El partido de Inés Arrimadas ha facilitado que consejeros del Ejecutivo eviten someterse al control parlamentario de la Cámara mediante la abstención en la solicitud de comparecencias.
El pasado 30 de noviembre, Ciudadanos se abstuvo para favorecer al tripartito y tumbar la solicitud de comparecencia del consejero de Educación —el socialista Martí March— por el caso de los chicos expulsados del colegio La Salle de Palma, por mostrar una bandera española. March se ahorra así cualquier explicación de la actuación de inspección educativa al respecto, un informe del que hasta la fecha se desconoce su contenido. El Grupo de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares consiguió el apoyo de Partido Popular, si bien no lograron sentar en la comisión a March.
La historia se ha reproducido este 5 de diciembre cuando, en la Junta de Portavoces —y de nuevo ante una petición de VOX—, Ciudadanos ha vuelto a abstenerse en la solicitud de comparecencia de la consejera de Servicios Sociales Fina Santiago (Més per Mallorca). Se sometía a votación su comparecencia tras conocerse el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo en el que se apunta el encubrimiento político del caso y se apremia a que se investiguen judicialmente las posibles responsabilidades políticas. En esta ocasión, además, desde los grupos de la izquierda se ha descalificado el contenido del informe arguyendo que «no ha sido redactado por expertos» y que obedece a una «manipulación de la extrema derecha».
La proximidad al PSOE de Ciudadanos en Baleares, capitaneados por la portavoz parlamentaria Patricia Guasp, no queda ahí. En relación de lo acontecido en el colegio La Salle han presentado una moción en el Consejo de Mallorca en el que consideran lo sucedido —la profesora de catalán llamó «trapo» a la bandera española y exigió la expulsión de 32 alumnos— de «incidente aislado». Con ello suscriben la tesis del tripartito que ha insistido desde el primer momento en calificar el hecho de «conflicto interno del centro», negando que el detonante del mismo fuera la prohibición a los menores de exhibir la bandera nacional. Con la intención de rebajar lo que consideran crispación política, en la moción de Ciudadanos se insta, no a investigar el caso, sino a «todos los partidos políticos con representación en esta institución a defender sus ideas y posicionamientos, y rebatir los de otras opciones políticas, en el marco de la moderación y el sentido común, sin recurrir a descalificaciones ni fomentar el enfrentamiento entre distintas sensibilidades dentro de la sociedad».
No es la primera vez que desde Ciudadanos en Baleares se echa un capote al tripartito de Armengol en temas espinosos. El pasado 15 de noviembre los de Arrimadas suscribieron un acuerdo —aquí también con el PP y la sola ausencia de Vox— de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia en Baleares, FEIAB, por el cual se comprometen a «no instrumentalizar» a los menores, un eufemismo para dejar establecer de facto un pacto de silencio en torno al escándalo de las menores tuteladas por el IMAS (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales).
Este pacto se produce cuando se ha conocido el silencio del IMAS en la desaparición de una niña tutelada desde el pasado mes de agosto y se ha denunciado la violación de otra menor tutelada de 13 años por un marroquí en la localidad mallorquina de Felanitx. En la misma línea que las tesis de socialistas y nacionalistas, la diputada portavoz Patricia Guasp ha insistido en que el informe de la Comisión de Peticiones «no constata que en algún momento haya habido encubrimiento político».
