El PSOE ya utiliza abiertamente la regularización masiva como herramienta política para el clientelismo, dejando atrás los mensajes centrados en integración o derechos sociales para dar paso a una estrategia mucho más directa. El debate ha cobrado fuerza tras lo ocurrido en Castellón de la Plana, donde la formación socialista ha habilitado su propia sede como punto de apoyo para inmigrantes que buscan regularizar su situación.
En concreto, la Casa del Pueblo situada en la calle Carcaixent, gestionada por el PSPV-PSOE, está funcionando con un sistema organizado de atención: citas previas, asesoramiento individualizado y formularios propios para tramitar expedientes. Esta dinámica ha suscitado críticas al considerar que un partido político está asumiendo tareas que, en principio, corresponderían a las administraciones públicas.
Desde el entorno socialista se defiende la iniciativa como una vía para ofrecer información fiable, evitar engaños y facilitar un acompañamiento gratuito a los solicitantes. Sin embargo, el hecho de que el mismo partido que impulsa estas políticas desde el Gobierno de Pedro Sánchez sea quien presta este servicio desde sus sedes genera suspicacias en algunos sectores.
Quienes cuestionan esta práctica sostienen que este modelo puede crear un vínculo directo entre los beneficiarios del proceso de regularización y la organización política que les asesora. A su juicio, la ayuda deja de percibirse como un servicio público neutral y pasa a estar asociada a una estructura partidista concreta, lo que podría derivar en relaciones de dependencia o afinidad política.
Además, se plantea por qué este tipo de atención no se canaliza exclusivamente a través de oficinas de extranjería, delegaciones gubernamentales o servicios municipales, dotándolos de más recursos. Para los críticos, trasladar estas gestiones a sedes de partido responde a un interés en generar impacto político más allá de la mera asistencia administrativa.
El funcionamiento implantado en Castellón no se limita a resolver dudas puntuales, sino que configura un acompañamiento continuado durante el proceso. Esto, según las voces más críticas, refuerza la idea de que la relación del solicitante no se establece con la administración, sino con el partido que facilita el trámite, intensificando así el debate sobre los límites entre acción institucional y estrategia política.
